Un auto de la juez Mercedes Alaya, que investiga parte del destino de los fondos de formación, eleva a 950 millones el dinero que la consejería de Empleo abonó sin exigir justificación de su uso entre los años 2008 y 2011.
Nuevas pruebas judiciales sobre la implicación clave de la Junta de Andalucía en la presunta malversación de fondos públicos nacionales y europeos para formación de parados en la última década y media. El citado escrito, conocido ayer, recoge la declaración a la Guardia Civil de Carlos Cañavate, exdirector general de Formación para el Empleo de la Junta, quien ofreció esa cuantificación a los agentes. En ese mismo auto, la juez imputa al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ya inculpado en el caso ERE.
Fernández, como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (cargo que ocupaba de forma innata al ser consejero), era quien tenía la potestad de exonerar al perceptor de presentar las justificaciones previas al cobro de las subvenciones. Fernández ocupó el cargo de consejero entre 2004 y marzo de 2010. Tras él, fue Manuel Recio -hoy diputado socialista en el Parlamento andaluz- quien ocupó el cargo hasta mayo de 2012.
Fernández está siendo investigado por Alaya, y ha sido imputado, por las ayudas que otorgó desde Empleo a los extrabajadores del proveedor automovilístico Delphi por 52 millones.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó el uso de ayudas al empleo en 2009 y 2010 cifró en 297 millones -el 40 por ciento del total utilizado en esos dos años- el volumen de subvenciones pagadas sin exigir justificación previa. La exoneración de justificación, según la investigación policial y judicial que en paralelo se lleva a cabo en varias provincias andaluzas sobre empresas y entes que recibieron fondos, es una vía clave para la malversación.
Andalucía pagó 297 millones en fondos de formación sin justificar