La reforma energética ha llegado como un tsunami al sector en pleno mes estival. La bolsa se resintió durante varios días por el golpe asestado y, sobre todo, porque se aprobaron unas medidas más duras de lo esperado. Se trata de una normativa que pesa cinco kilos encuadernada a doble página (parafraseando a un conocido directivo del sector) y que consta de un Real Decreto Ley, un Anteproyecto de Ley, siete reales decretos y tres órdenes ministeriales.
Lo curioso es que a pesar de que el Ministerio de Industria trabajó meses en los cambios regulatorios, fue en tan sólo una semana cuando se tuvo que decidir a aplicar el escenario más negativo para las empresas. ¿La razón? De manera imprevista el Ministerio de Hacienda volvió a noquear al ministro de Industria, José Manuel Soria, al no aceptar llevar en los Presupuestos los 1.800 millones de euros de la compensación por generar en las islas (extrapeninsulares).
La cartera que dirige Cristóbal Montoro se decantó por incumplir la Ley y aceptar tan sólo el 50% de esta partida. De ahí que Industria tuviera que rehacer los números y aprobar un mayor recorte, así como una mayor subida para el consumidor.
Para Soria y para su compañero de viaje, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, una subida de un 3,2% es perfectamente asumible para el consumidor. La incongruencia viene de la mano del bono social (tarifa reducida para rentas mínimas) que experimentará una subida del 3,4%, es decir, más que para el resto de consumidores domésticos.
La luz va a subir siempre
Además, había una sorpresa en la montaña de papeles de la reforma. La subida de la luz penalizará fuertemente a la industria, a las empresas y a las pymes. En concreto, más de 20.000 grupos industriales con tarifas de alta tensión sufrirán un incremento del 8 por ciento en los peajes del recibo, mientras que casi un millón de empresas serán penalizadas con incrementos de precios en la parte regulada que incluso se duplican en algunos tramos. Por otro lado, el Ministerio permitirá que las eléctricas trasladen al consumidor los impuestos locales y autonómicos que poco a poco han proliferado en toda España.
La perspectiva no es nada halagüeña. La luz va a subir siempre, ya que el Gobierno no podrá bajar los peajes (50 por ciento del recibo) mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores.
La intención del Ejecutivo es recaudar 900 millones con esta subida. El sector industrial ya ha advertido al Gobierno de cierres de centros productivos y de pérdidas de empleo. Para más inri, la mayor preocupación de esta actividad se centra en los cambios que sufrirá la interrumpibilidad (incentivo que recibe la industria por desconectarse en momentos de puntas de demanda), con los que el Gobierno quiere lograr un ahorro de 200 millones de euros.
Hibernación de plantas de gas
También se fijará un sistema de subasta para decidir los ciclos combinados que podrán hibernar, hasta 6.000 megavatios. En la memoria económica sobre este decreto no se recoge aún el ahorro de la hibernación de las centrales, pero se establece eliminar 100 millones del servicio de ajuste y 354 millones por la reducción de los incentivos a la inversión de las centrales térmicas.
Sin embargo, la medida que ha herido de muerte a las eléctricas en España es el golpe asestado a la distribución. La retribución del transporte y la distribución, que el Ejecutivo califica como actividades de "bajo riesgo", será fijado con las obligaciones del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una " rentabilidad razonable" del 6,5 por ciento.
"Se desincentiva la inversión en un sector, como es el de la distribución de electricidad, generador intensivo de empleo altamente cualificado y con obligaciones de servicio público", subrayó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados del grupo.
Fin de las primas 'verdes'
Por su parte, el golpe para las renovables hace presagiar quiebras en cadena de inversores que no podrán atender el servicio de la deuda. El quid de la cuestión es la exposición de los bancos a este sector. Fuentes financieras aseguran que muchos de estos créditos están titulizados en el exterior, lo que derivaría en un problema económico internacional. Además, se ofrecerán incentivos para el cierre de plantas renovables que será voluntario y que tiene como fin lograr unos mayores ahorros del sistema.
Y es que el Gobierno ha dado un vuelco de 180 grados al acabar con el Régimen Especial. Se ha fijado una rentabilidad por proyecto del bono a 10 años más 300 puntos básicos para derivar en una rentabilidad del 7,5 por ciento. Esta cifra deberá tenerse en cuenta para toda la vida útil del mismo, lo que supone una medida profundamente retroactiva. Además, el sector ya advierte de que la rentabilidad final quedará reducida al 5 por ciento como consecuencia de las diversas tasas eléctricas.
El Gobierno también ha acabado con la única vía de salvación que tenían las renovables: el autoconsumo. El Gobierno gravará la generación eléctrica casera y obligará al pago por el uso de las redes como si de un consumidor tradicional se tratase. El ensañamiento viene del lado de las multas. El nuevo decreto que regula esta actividad considera como "sanción muy grave" no comunicar la instalación de una placa solar y será sancionado con hasta 30 millones de euros.
En definitiva, un tsunami que arrastrará a empresas e industrias referentes hasta el momento a escala mundial y que irremediablemente se cobrará alguna víctima que no pueda resistir la embestida.
Soria: O reforma energética o quiebra
