La instauración de una acción pública ante los tribunales, semejante a la urbanística, en materia de gasto público, fue reclamada ayer por el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Garzón. Con ella, se trataría no sólo de controlar los gastos de las Administraciones sino determinar si un gasto debe ser prioritario sobre otro.
El magistrado consideró ayer, durante su intervención en las XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario de la Asociación Española de Derecho Financiero (Aedf), que es prioritario que se establezcan mecanismos que permitan al ciudadano controlar el gasto, puesto que éste es el que legitima el ingreso, situación que se rompió con el aumento de atribuciones de las Administraciones y que lleva a un gasto desaforado y a subidas tributarias continuas.
"El control del gasto por el ciudadano no sólo es un derecho, sino también un deber, y es preciso que se acumulen ambos controles, el ciudadano y el político, porque este último se ha mostrado insuficiente", afirmó Manuel Garzón.
También señaló que urge modificar el estatus de los contribuyentes. Explicó, que en la actualidad existen tres tipos de contribuyentes, que reciben tratos diferenciados. Por una parte están las empresas del Ibex y otras grandes empresas, que reciben un trato personalizado y gozan de la posibilidad del recurso de casación.
En segundo lugar se encuentran los contribuyentes típicos, que utilizan los derechos y garantías a la vista de las circunstancias, pero que no siempre pueden defender sus derechos frente a las prerrogativas de la Administración tributaria.
Y finalmente, en un tercer escalón, están los contribuyentes de a pie, que son la mayoría, que no tienen capacidad para ejercer sus derechos ante los costes que deben afrontar en los recursos.
En este aspecto le dio la razón María Teresa Soler Roch, presidenta del Consejo de la Defensa del Contribuyente, que recordó la posibilidad que tienen las grandes empresas para colaborar con Hacienda, tras la Aprobación del Código de Buenas Prácticas y la creación del Foro de Grandes Empresas.
Garzón finalmente reivindicó que se tipifique el elemento de culpabilidad en el campo de las sanciones, puesto que se están sancionando las simples equivocaciones, mientras que se permite regularizar a quienes han incumplido sus deberes de tributar. "Quienes se han equivocado ni siquiera pueden acogerse a la regularización porque sólo es para a quienes defraudaron. Esto es difícil de digerir", afirmó.
Finalmente, pidió que Hacienda devuelva el dinero percibido indebidamente como consecuencia de sentencias de ámbito europeo, cosa que no ocurre.
