
Más contenido para el debate sobre la Ley Hipotecaria que el próximo miércoles tendrá lugar en el Congreso. Dentro de las medidas que está preparando el Gobierno para limitar el impacto de la crisis sobre los propietarios de una vivienda, se incluirá una que verdaderamente puede marcar la diferencia: la de fijar un tope máximo del 6% para los intereses de demora que cobran las entidades. Además, el plazo no podrá superar la edad de jubilación y se regulará un procedimiento para evitar la subasta del inmueble.
Los intereses de demora son el porcentaje adicional que los bancos cobran por el retraso en pagar las letras de la hipoteca. Están regulados en la escritura del crédito, al igual que el resto de condiciones, con la particularidad de que la cantidad a abonar a la entidad y al juzgado se calcula sobre el crédito completo y no sobre el dinero adeudado.
Hasta ahora, la legislación no contemplaba ningún tipo de regulación a estos intereses moratorios, que pueden suponer un incremento de entre el 20 y 35% sobre la deuda pendiente. Pero con la modificación que estaría preparando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, no podrán superar el interés legal del dinero, situado en el 4%, al que las entidades no podrán añadir un recargo de más de dos puntos porcentuales, según informa hoy el diario Expansión.
Esta es una de las propuestas que se planteará el próximo miércoles en la Cámara Baja, dentro de las enmiendas en el Proyecto de Ley de medias hipotecarias. El objetivo es "mejorar la posición del deudor", siempre sobre la vivienda habitual, en medio de una oleada de desahucios que afectan a miles de familias y mientras arrecian las críticas contra las condiciones del mercado hipotecario. España registra un nuevo récord de desahucios: 49.710 hasta septiembre.
Jubilación, subastas y dación en pago
Otro de los cambios que presentará Moncloa es el de recortar aún más el plazo máximo de amortización de la hipoteca, que "no podrá exceder de la edad legal de jubilación del deudor". En la actualidad tampoco existe ningún tipo de límite a los años durante los que se puede extender un préstamo a la compra de una vivienda, aunque según los datos del Banco de España la media es de 23 años.
Por último, el Ejecutivo plantea una solución extrajudicial que pueda evitar la subasta de un inmueble afectado por la ejecución de la hipoteca. Se permitirá una tasación independiente que prevalezca sobre la realizada por la entidad. Además, se permitirá alcanzar un acuerdo con un comprador al margen del banco, siempre que el interesado ofrezca como mínimo el 70% del importe fijado por la tasadora independiente.
En cuanto a la dación en pago, ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió que el Congreso admita a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la ley hipotecaria, tras entregar un total de 750.000 firmas, por lo que la Cámara Baja tendrá que debatir la cuestión de la entrega de vivienda para saldar la deuda. Sin embargo, de acuerdo con el rotativo esta iniciativa no entra en los planes del Gobierno todavía y no se encuentra dentro del proyecto.