Si la burocracia legislativa no lo impide, a partir del próximo mes de enero el recibo de la luz experimentará una nueva subida, cuya cuantía será distinta en cada comunidad autónoma.
Esta asimetría a la hora de encarecer las facturas será atribuible al desarrollo normativo que en la actualidad prepara el Ministerio de Industria, cuyo objetivo es que las centrales eléctricas instaladas en Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura puedan diferir a sus ciudadanos los impuestos autonómicos que gravan la generación eléctrica, en sus vertientes hidráulica, térmica, nuclear, eólica y transporte.
El suplemento territorial en el que trabaja denodadamente el ministro Soria contribuirá a aligerar las cargas impositivas que las compañías eléctricas vienen soportando desde hace años, aliviará sus balances contables y ayudará a reducir el déficit de tarifa, objetivo último de la reforma aprobada en septiembre.
Pero también tendrá, sin duda, un coste político para los Gobiernos encargados de poner en práctica la medida entre las comunidades con más desempleo del país, que además acabará por vaciar un poco más los maltrechos bolsillos de los consumidores.
No hay peros a que el recibo refleje el verdadero coste de la energía, aunque sí es cuestionable que desde los Gobiernos autonómicos se exija un nuevo esfuerzo económico a los ciudadanos, cuando los responsables regionales apenas han comenzado a recortar una parte de la grasa superflua acumulada durante treinta años de democracia. Es hora de practicar con el ejemplo y de asumir que es urgente emprender una reestructuración autonómica que quizás hubiera evitado la subida del recibo de la luz.