La asociación de pequeños fotovoltaicos Anpier ha denunciado hoy la falta de información que rodea al contrato por el que el Gobierno ha encargado a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group que calculen los datos de inversión de las renovables que determinarán su retribución.
En un encuentro con los medios, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha anunciado que la asociación ha requerido los documentos de la licitación, que a día de hoy se desconocen. De no atenderse su petición, el próximo 22 de octubre se personará con un notario en la sede del Idae para iniciar el recurso a esa adjudicación.
La reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado 12 de julio establece un cambio en la retribución del régimen especial (renovables y cogeneración), que pasa de un mecanismo de primas a otro que garantiza una rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta, en función de la inversión estimada para cada una de ellas.
Esta estimación de las inversiones estará recogida en el estudio realizado por las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group, que se prevé conocer en noviembre.
"Se nos niega información"
Martínez-Aroca ha denunciado hoy que "se nos niega una información (los detalles de la licitación) que como ciudadanos y afectados tenemos derecho a conocer", lo que podría tener incluso "consecuencias penales".
Anpier también ha criticado que el objetivo de este informe es determinar "a posteriori cuánto nos costaron las plantas y cuánto pagamos por su mantenimiento", ya que Industria ha calculado cuánto prevé ahorrar por este concepto antes de conocer el resultado de la auditoría.
Además, este estudio se está llevando a cabo "sin información directa del afectado" ni facturas reales, por lo que hoy van a entregar al Idae la documentación de mil pequeñas instalaciones fotovoltaicas, que suponen un 1,8% del parque nacional. Esta documentación incluye datos reales de inversión, nivel de endeudamiento, tipos de interés, avales presentados y entidades financieras acreedoras, entre otros conceptos.
El objetivo, según Martínez-Aroca, es que las consultoras "no puedan alegar desconocimiento de datos ciertos de las plantas en cuestión" a la hora de realizar su informe y para que "sean responsables" en caso de que los ignoren.
De acuerdo a la información presentada, que se complementará en las próximas semanas con más expedientes, más del 80% de las plantas tienen un endeudamiento superior al 75% y el 40% de ellas pagan unos tipos de interés por encima del 5%.
Trato desigual
También han denunciado un "trato desigual" con respecto al resto del sector, por lo que han pedido que estas mismas consultoras auditen la "retribución razonable" que han recibido las nucleares y las hidráulicas desde su entrada en funcionamiento.
En el marco de la ofensiva judicial que mantiene la asociación contra los cambios normativos de los últimos tres años, Martínez-Aroca ha apoyado los procedimientos de arbitraje de los fondos extranjeros porque, si bien su resultado no aplicará a los inversores nacionales, podría servir de fundamento para las sentencias nacionales.
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