Los activos inmobiliarios más baratos y más complejos de gestionar serán excluidos del banco malo. Es decir, las entidades nacionalizadas y las que reciban ayudas públicas tan sólo podrán transferir a la sociedad pública de gestión de activos (SGA) inmuebles cuyo valor sea superior a 100.000 euros y créditos al promotor de más de 250.000 euros, según anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Para determinar ese valor se tendrá en cuenta las provisiones exigidas por la legislación vigente, que fijan en un 80% de la tasación en libros para el suelo, en un 65% para las viviendas en construcción, y del 35% para los pisos terminados. En el caso de los préstamos al promotor al corriente de pago, la dotación asciende al 30%.
El objetivo de estos umbrales, a juicio del ministro, es hacer más manejable la gestión del banco malo, y por tanto "facilitar" la comercialización de los activos en los próximos quince años. En Irlanda, por ejemplo, se fijó también un nivel por el cual la sociedad inmobiliaria no aceptaba pisos y préstamos.
Inmuebles de difícil colocación
Con este acotamiento, buena parte de las viviendas adjudicadas serán excluidas y seguirán dentro del balance de las entidades con problemas, por lo que necesitarán capital para cubrir las posibles pérdidas. En concreto, será difícil que los inmuebles en el mundo rural y en la costa formen parte del banco malo procedente de la ejecución de hipotecas. Por el contrario, la gran mayoría de los edificios tomados de los promotores entrarán en el perímetro de la sociedad pública, ya que se tomará como referencia el piso de la promociones enteras, al haberse adjudicado en bloque.
El ministro, en su exposición en la Comisión de Economía del Congreso, sostuvo que la cuantía de activos que puedan quedarse fuera del banco malo no será significativa, pero sí mejorará la gestión del instrumento.
Esta es una de las pocas novedades anunciadas por De Guindos sobre la creación de esta herramienta que servirá para sanear las entidades débiles. El ministro no aclaró el precio al que se transferirán los activos al banco malo. El valor se está negociando con la troika. Tan sólo avanzó que la idea es que se realice con descuentos adicionales a las provisiones exigidas, al asegurar que las entidades tendrán que asumir pérdidas extra en el traspaso.
¿Con descuento?
Los expertos auguran que las rebajas que se apliquen serán pequeñas, de entre un 5 y un 10%, en función de la tipología de los activos. Estos agujeros serán cubiertos con las inyecciones de capital, cuyo dinero procederá de la ayuda financiera concedida por Europa por hasta 100.000 millones.
Las necesidades, según el test de estrés elaborado por De Guindos, ascenderá a unos 54.000 millones, pero el Gobierno sostiene que sólo se requerirán finalmente unos 40.000 millones, ya que hay que tener en cuentas las ampliaciones de capital, la venta de activos y las pérdidas que asumirán accionistas y tenedores de preferentes y deuda subordinada de los grupos débiles, además de la trasferencia de los activos al banco malo.
La sociedad inmobiliaria pública comenzará a operar a partir de diciembre y nacerá con un capital máximo de 6.500 millones. Del total, el Estado aportará como mucho 3.000 millones. El resto será desembolsado por inversores privados (fondos, bancos sanos y aseguradoras). La intención del Gobierno es que el 55% del capital sea privado para que sus variables no computen en el apartado ni de déficit ni de deuda.
Perímetro de 71.500 millones
Guindos anunció que la capacidad de endeudamiento de esta sociedad será del 90% sobre su patrimonio. El Gobierno ha establecido que la financiación máxima del banco malo sea de 65.000 millones, según el proyecto de presupuestos de 2013, en el que incluye avales para esta inmobiliaria por este valor. De esta manera, el perímetro del banco malo será de unos 61.500 millones.
Los avales son fundamentales ya que los activos que compre el banco malo serán pagados con deuda que pueda ser descontada en el BCE por las entidades para captar liquidez. El organismo monetario, en este tipo de operaciones, exige garantías para canjear por dinero estos bonos. En este caso el respaldo será público.
El ministro de Economía defendió la constitución de esta herramienta y abogó por una pronta reactivación del mercado inmobiliario, al tiempo que confió en que sea un acicate para la mejora del flujo del crédito. Consideró que el banco malo ajustará los precios de los inmuebles al mercado al venderlos con importantes descuentos.
El calendario manejado por el Ejecutivo para la recapitalización del sector adelanta las primeras inyecciones de dinero en las entidades nacionalizadas a la constitución del banco malo. Guindos aseguró que en noviembre comenzará el desembolso para Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia.
Para ello contará con la línea de emergencia de 30.000 millones autorizada por Bruselas. Este dinero está disponible en seis bonos de 5.000 millones que adquirirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Los intereses fijados para este tramo inicial es el 1,54% anual con vencimiento en 2022, sin contar con las diferentes comisiones. Si se incluyen estas tasas el tipo ronda el 2%.
El ministro indicó que estos precios son inferiores al endeudamiento realizado por el FROB en el pasado en el mercado para obtener 15.000 millones. Estos recursos sirvieron para recapitalizar el sector en los años anteriores, en el proceso de fusiones.