Empresas y finanzas

Madrid retoma su interés por privatizar el Canal de Isabel II

  • Comunidad y Ayuntamiento han mantenido contactos con potenciales socios
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Foto: Archivo

Las difíciles condiciones financieras de los mercados que aconsejaron en 2011 paralizar la privatización parcial del Canal de Isabel II no han cambiado ostensiblemente, pero la urgencia por reducir la deuda y engrosar las depauperadas arcas públicas han vuelto a desempolvar el viejo proyecto.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han mantenido conversaciones exploratorios con representantes de Acciona, FCC y ACS, potenciales interesados en participar en la venta parcial de la centenaria compañía, que abastece de agua a cerca de 6,5 millones de habitantes. Juntos a ellos también figura Aguas de Barcelona (Agbar), que nunca ha ocultado su interés por la empresa.

Las fuentes consultadas no han recibido información más precisa sobre la operación, impulsada en su día por el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón con el respaldo de la presidente de la comunidad, Esperanza Aguirre. El deseo del ahora ministro de Justicia era entonces que el 49% de la sociedad pasase a manos privadas, aunque para facilitar la venta y financiación del proyecto el capital objeto de enajenación podría reducirse hasta el 30%.

Valor e inmuebles

BBVA y Rothschild, los bancos encargados de diseñar la operación, estimaron en su momento que el Canal de Isabel II tenía un valor de mercado que oscilaba entre los 2.800 millones y los 3.000 millones de euros, con una deuda próxima a los 1.000 millones. Uno de los mayores atractivos de la sociedad es su patrimonio inmobiliario, integrado por más de 200 viviendas y solares distribuidos por toda la comunidad madrileña.

Las fuentes consultadas destacan que la búsqueda de un socio industrial no será fácil, no sólo por las dificultades para obtener financiación, sino por las numerosas privatizaciones en la gestión del agua que se llevarán a cabo en Andalucía tras la celebración de las elecciones autonómicas de marzo.

Además de este factor, Comunidad y Ayuntamiento deberán convencer de las bondades del proyecto a PSOE, IU y asociaciones de vecinos.

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