España se comió las uvas de 2011 sin apenas haber digerido la subida del IRPF y el recorte de gasto público de 8.900 millones de euros, que la vicepresidenta del Gobierno recién estrenado, Soraya Sáenz de Santamaría, había comunicado el día anterior.
A este primer recorte le seguirían el anuncio de otra poda de 27.300 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2012; un ajuste de más de 18.000 millones exigido a las comunidades autónomas; otros 3.000 millones responsabilidad de los entes locales; más medidas adicionales por 13.100 millones aprobadas en julio.
Lo que falta
En total, una meta de ajuste que supera claramente los 60.000 millones, en forma de una catarata de medidas milmillonarias para embridar el gasto y lograr la consolidación fiscal que exige Bruselas, y que ha hecho que en este primer año de Gobierno de Mariano Rajoy los españoles hayan incorporado a su vocabulario básico las palabras recortes, subida de impuestos, congelación, reforma laboral, ERE, copago, prima de riesgo, rescate y banco malo.
Y aun así, de las cifras que maneja el Ejecutivo -y que ya ha remitido a Bruselas dentro de su plan de reformas estructurales- se concluye que el grueso de las medidas, las de mayor calado por ser de carácter estructural, están por llegar. De hecho, de los 102.149 millones en que el Gobierno ha cifrado el ajuste para 2012-2014, en términos acumulados, a los próximos dos años les corresponderían la friolera de 38.956 y 50.075 millones, respectivamente, contando con que se cumplan los objetivos oficiales. Para este año, el impacto adicional se cifra en 13.118 millones
¿Cómo es posible que, tras poner en marcha tales ajustes, por el lado de los gastos y de los ingresos, los expertos afirmen que aún falta mucho por enmendar? Primero, al decir de los especialistas, porque muchas de las acciones anunciadas aún no han dado todos sus frutos, como en el caso del ajuste que corresponde a las autonomías, cuyo estrangulamiento financiero ha ido de mal en peor, complicando su ya de por sí difícil lucha para acabar el año con el 1,5 por ciento de déficit. De hecho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debería evaluar la marcha de tales ajustes, aún no ha sido convocado, pese a que Hacienda anunció su inminente celebración.
Segundo, porque ni la Administración central ni, sobre todo, las autonomías, han abordado todavía la imprescindible reforma de sus estructuras para racionalizar personal, cerrar empresas públicas, eliminar fundaciones y aligerar el corolario de altos cargos, asesores y personal de confianza.
Faltan medidas estructurales
Es cierto que, por el lado del ajuste del gasto, la Administración General del Estado se ha embarcado en una reducción del 20% de los puestos directivos, ha limitado la oferta de empleo público, ampliado el horario laboral y suspendido la paga extra, con metas de ahorro de 5.425 millones. Todas ellas, medidas insuficientes, según los expertos, que habrá que complementar con reformas que lleguen a la osamenta del gasto.
El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós resume algunas de las reformas más urgentes. "Ningún ajuste será eficaz si no incluye la privatización y cierre del ruinoso sector público empresarial", además de ser crucial "hacer cumplir al detalle la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las autonomías".
Precisamente, en este capítulo es donde todos los especialistas inciden, ya que se calcula que tan sólo con el cierre o privatización de empresas públicas, autonómicas y municipales, se podrían ahorrar 24.000 millones de euros, lo que representa casi el 24% de esos más de 102.000 millones que el Gobierno se propone ajustar hasta 2014.
Como recuerda Bernaldo de Quirós, también presidente de Freemarket, este año ha sido cuantioso en ajustes, pero salvo en el capítulo de empleo público - "donde sí se están viendo buenos resultados"- el Gobierno no ha hecho ninguna reforma estructural, que son las que ayudarán a salir de la recesión.
Por el lado de los ingresos, y en materia de impuestos, en septiembre entró en vigor el alza del IVA -del 18 al 21 por ciento el tipo general y del 8 al 10% el reducido-, que se suma a una reforma del Impuesto sobre Sociedades, un incremento de la tributación local sobre bienes raíces y una nueva fiscalidad para la sostenibilidad energética. Sólo con el IVA, el Gobierno espera obtener unos ingresos extras de 2.300 millones este año, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Habrá que ver si estos recursos en verdad llegan a las arcas del Estado.
En materia de empleo, el ajuste del Gobierno en 2012 se ha traducido en una reforma laboral que facilita los ERE en la Administración y los flexibiliza en la empresa privada, lo que a corto plazo ha subido el paro, que ya supera el 25 por ciento. También se han suprimido bonificaciones a la contratación y se ha retocado la prestación por desempleo, en combinación con acciones contra el fraude. En Seguridad Social se han aumentado las bases máximas de cotización y endurecido la jubilación anticipada.
Reforma laboral y financiera
José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, valora positivamente esta reforma laboral, sobre todo, en el sector industrial: "La flexibilidad para hacer ERE temporales, cambiar horarios según circunstancias de la producción, introducir mayor movilidad, etc, está atrayendo la inversión, como se ha visto en los casos de Ford, Opel y Renault".
En el capítulo de lo que resta por hacer, Pin Arboledas apunta la "reforma de la Administración, sobre todo autonómica, pues a pesar del recorte presupuestario para 2013, siguen teniendo grandes plantillas".
El primer año de Mariano Rajoy en el poder ha alumbrado tres reformas financieras, con lo que el Ejecutivo dice haber culminado "el saneamiento del sector financiero para recuperar el crédito".
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Bruselas no pedirá más ajustes a Españ
