La reforma energética está lista para iniciar su andadura. El Gobierno ha preparado un paquete de medidas valorado en 11.178 millones que servirá para frenar el aumento del déficit tarifario a partir de 2013.
Según las cuentas realizadas por el Ejecutivo, que podría aprobar hoy las medidas de ajuste, la mayor parte del ajuste recaerá en la administración pública, con 3.729 millones de euros; los consumidores harán frente a 3.249 millones de euros y, posteriormente, las eléctricas de Unesa tendrán que cargar con 2.500 millones de euros, el régimen especial (renovables y cogeneración) con 1.500 millones y 300 millones que se repartirán entre Red Eléctrica y las extrapeninsulares, principalmente, Endesa.
Para alcanzar estas cifras, tal y como adelantó ayer este diario, los informes que maneja el Gobierno prevén la aprobación de una Ley de medidas impositivas que espera ingresar 6.708 millones de euros y un Real Decreto Ley con el que se esperan conseguir 800 millones, que se añadirán a las medidas adoptadas en enero y en abril, así como a las subidas de tarifas, lo que ha generado una auténtica revolución en el sector que ya asegura que se encuentra al borde del precipicio.
Las primeras medidas
Industria ya adoptó un primer paquete de medidas de ajuste que incluía la suspensión temporal de los incentivos económicos para las renovables, lo que se estima que en 2012 tenga un efecto de 292 millones de euros, asimismo se aplicó un plan de ajuste con medidas por 1.764 millones en abril, en las que se incluían recortes a la distribución (688 millones) a los pagos por capacidad (84 millones), al transporte (197 millones) a la garantía de suministro (46 millones), la eliminación del coste del operador del sistema de peajes (20 millones), los ingresos remanentes del Idae (613 millones), de la CNE (60 millones) y la erducción de la interrumpiblidad (56 millones).
Para los clientes se aprobaron tambien aumentos de las tarifas eléctricas que han supuesto ingresos por 1.380 millones de euros en la revisión de abril y otros 234 millones con la última subida de los precios de la electricidad en nuestro país.
En el Real Decreto Ley de medidas urgentes que se aprobará previsiblemente hoy -el que menos se conoce- se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social, lo que supone un coste de 170 millones en 2013 (99 millones en 2012), después de la sentencia que ganó Iberdrola en el Tribunal Supremo y que obliga al Ejecutivo a tener que cargar en los peajes el coste de estas ayudas sociales.
El decreto supondrá tambien cambios en los ingresos de los tributos autonómicos, que el Gobierno ha valorado en 200 millones y, al mismo tiempo, incrementará los ingresos por progresividad de los peajes en baja tensión en cerca de 280 millones de euros.
La medida prevé también una reducción a la retribución del transporte al no considerar los activos amortizados o inexistentes por 50 millones de euros, que afectará a Red Eléctrica. Asimismo se recorta la retribución en costes fijos y variables de las centrales de generación en los sistemas insulares, lo que supone cerca de 100 millones en una medida que asumirá en su práctica totalidad Endesa.
Precios distintos por región
Los consumidores, tal y como adelantó elEconomista, tendrán que comenzar a pagar precios distintos en las comunidades autónomas.
La ley del sector eléctrico habilitaba a que los tributos autonómicos se repercutieran en el recibo en cada comunidad y ahora el Real Decreto Ley convertirá en obligatoria esta medida, de modo que a través de una orden ministerial se obligue a que cada recargo autonómico que se apruebe se traslade directamente a la factura. Los tributos autonómicos se cargarán en los llamados peajes de acceso a los consumidores correspondientes de las comunidades autónomas y dejarán de ser una carga para las eléctricas.
El Gobierno quiere tambien evitarse los disgustos de los constantes enfrentamientos judiciales que mantiene con las eléctricas, por ese motivo se plantea eliminar la necesidad de revisar el coste de los peajes cada tres meses.
En lo que respecta a la Ley de medidas impositivas, además de las medidas adelantadas ayer por elEconomista.es, Industria tendrá una deferencia con las eléctricas tradicionales, no siendo así para el resto de tecnologías. En concreto, la reforma energética contempla alargar la vida útil de las centrales nucleares por 10 años, siempre y cuando las centrales cumplan los nuevos requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear. Con esta medida, se pretende compensar la fuerte tasa a la energía nuclear.
Por su parte, el canon hidráulico también tendrá un cambio de cromos y el Gobierno alargará en 20 años la concesión administrativas de los distintos grupos hidráulicos.
La reforma planteada ha supuesto una auténtica revolución en el sector energético. Por el momento no hay ningun agente que se haya mostrado satisfecho con las medidas y todos ellos ya hablan de que tendrán que dejar de invertir y hacer recortes de plantilla para poder seguir funcionando.
Repercusión en bolsa
Las cotizaciones de las eléctricas no quedaron inmunes a las medidas avanzadas por el Ejecutivo. Así, los títulos de estas compañías se dejaron ayer en el parqué un 5,8 por ciento en el caso de Iberdrola, un 2,7 por ciento los de Endesa y un 2,9 por ciento los de Gas Natural. Los inversores ven ya muy problemática una bajada del rating, que podrían comenzar a producirse en septiembre.
Varias firmas de inversión pusieron de manifiesto cómo las medidas repercutirán en una caída del beneficio por acción. Así, JBCM destaca que el paquete de medidas es muy perjudicial para las eléctricas y avisa de que se puede poner en serio riesgo la rentabilidad de su actividad. La estimación que hace JBCM sobre el efecto negativo en el beneficio por acción es de un 20 por ciento menos para Endesa, 17 por ciento menos para Iberdrola y un 9 por ciento menos para Gas Natural Unión Fenosa.
Por su parte, Citigroup afirma que, en caso de aprobarse la reforma en los términos conocidos, algunas tecnologías serían sobrepenalizadas. Este es el caso, explica, de la eólica y de las tecnologías con menores costes, que recibirían un doble impacto por el impuesto a la generación y tasas nuclear e hidroeléctrica - . Sin embargo, la entidad apunta que el impacto será muy limitado en la termosolar.
Con todo lo anterior, el sector eléctrico lamenta que el Gobierno pretenda que las tecnologías de producción más eficientes asuman las ineficiencias porque implican un trasvase de las rentas del mercado liberalizado hacia los operadores del mercado regulado. Además, recuerdan que de los 3.500 millones euros de impacto de la reforma energética del Gobierno, 3.000 millones de euros corresponden a las compañías eléctricas tradicionales, que vieron cómo a finales de marzo se les recortaba la retribución a la distribución en unos 1.000 millones de euros y que ahora se les incrementará la carga impositiva por diversos flancos, incluso superpuestos, por alrededor de otros 2.000 millones.
Las eléctricas apuntan que esta pretendida reforma energética, que se ha quedado en un mero ejercicio recaudatorio, va a tener consecuencias muy graves, no sólo para las compañías sino también para los clientes y para el empleo. Advierten que hunde a las empresas, cuyo beneficio se irá a cero, y también perjudicará notablemente a los consumidores que, pese a todo, seguirán viendo cómo se encarece aún más su factura de la luz (que ya figura entre las más altas de Europa).
Quejas de los fondos a Rajoy
Los grandes colosos del capital riesgo han subido el tono respecto a sus críticas al Ejecutivo por los recortes en el sector eléctrico a través de diversas tasas a la generación. Un total de catorce fondos han enviado una nueva misiva, pero esta vez dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para criticar sus medidas porque supone "incumplir con sus obligaciones" y una "expropiación del valor de las inversiones". La carta, a la que tuvo acceso este diario, fue enviada el pasado miércoles, tras la intervención de Rajoy en el Congreso donde explicó que se tomarían medidas contundentes en el sector. Más tarde, el ministro de Industria, José Manuel Soria, confirmó una tasa la generación eléctrica.
Esta medida se suma a otras acciones adoptadas por este grupo de inversores, que han destinado unos 9.000 millones en España, como la misiva enviada hace una semana a los ministerios de Industria, Economía y Hacienda.
Los fondos justifican que se remita un nuevo documento debido a la "gravedad y urgencia de la cuestión", ante las "intenciones" del Ejecutivo. Además, lamentan que este nuevo impuesto constituye un severo cambio retroactivo al marco regulatorio y apuntan que los ingresos de las renovables son las subvenciones que reciben para hacer viables estas tecnologías, con lo que un nuevo gravamen supone un duro golpe para la actividad. "La rentabilidad de una empresa o un proyecto no puede ser evaluado en sus ingresos ni los ingresos de explotación", añaden.
La carta insiste en que se ha quebrado la confianza y denuncian que estas medidas son discriminatorias. También advierten que si finalmente se oficializan estas tasas habrá "graves consecuencias negativas para España y, más allá del sector de la energía". Es más, el documento cuantifica que el recorte en el sector se traducirá en la pérdida de empleo de entre 6.000 y 7.000 trabajadores de las 16 plantas termoeléctricas en construcción, debido a que los cambios harán estos proyectos poco rentables. Además, avisan que habrá pérdidas de empleos adicionales. La carta hace hincapié en la pérdida de credibilidad del Gobierno porque en sus anuncios de la reforma del sector eléctrico se ha declarado en varias ocasiones que no habrá cambios retroactivos. Por tanto, "los impuestos provocarían la pérdida de una parte sustancial de nuestras inversiones y en algunos casos, las amortizaciones de las inversiones en su totalidad", añaden los fondos.
Las eléctricas temen por sus beneficios 
