Los principales operadores de telecomunicaciones españoles se han puesto la venda antes de la herida y, por lo pronto, no están dispuestos a asumir el coste que ocasionará el cierre de páginas webs de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.
El importe económico de los futuros cierres de páginas está sin cuantificar, aunque fuentes del sector apuntan que la medida podría afectar inicialmente a cerca de 200 webs. Pero antes de que los acontecimientos se precipiten, las empresas de telefonía han activado sus mecanismos de alerta para intentar eludir las futuras cargas que pudieran producirse por este motivo.
"Queda por aclarar quién pagará el coste de la ejecución de las medidas cuando la Comisión de Propiedad Intelectual, tras la autorización judicial, ordene la colaboración de los operadores de telecomunicaciones", indican fuentes de Redtel, patronal que defiende los intereses de los principales compañías españolas de telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange y Ono.
Los operadores tienen motivos para desconfiar, ya que no es la primera vez que las compañías de telefonía e Internet se encuentran con cargas derivadas de decisiones regulatorias ajenas a su operativa. Ya ocurrió hace dos años con el Plan de Identificación Obligatoria de Usuarios de Tarjetas Telefónica de Prepago, promovido por el Ministerio de Interior con el objetivo de dificultar a los delincuentes sus comunicaciones, y cuyo coste aproximado de 50 millones de euros corrió de cuenta de los operadores de móviles.
Las principales telecos también sufren en sus cuentas la desaparición de la publicidad en la televisión pública estatal, ya que están obligados a financiar RTVE con la recurrida tasa del 0,9%, cuyo importe anual rondó los 230 millones de euros en 2010.
Solución razonable
En cualquier caso, la patronal de las telecos tiene "fundadas esperanzas" de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tenga en cuenta la preocupación de este colectivo empresarial. "Creemos que el nuevo Gobierno, que ha hecho bandera de la reducción de las cargas administrativas, va a encontrar una solución razonable para que la protección de la propiedad intelectual no resulte una nueva carga administrativa para el sector de las telecomunicaciones, que está llamado a ser motor de las necesarias ganancias de productividad y competitividad de la economía", añaden.
En cuanto a las consecuencias de la aplicación de la denominada Ley Sinde, que estará plenamente vigente la próxima primavera, fuentes de Redtel lamentan "que sólo se haya avanzado en la línea de la penalización", ya que Redtel "siempre ha estado convencida de que la solución a la piratería pasa por fomentar una oferta legal atractiva de contenidos digitales, cuestión que no se ha tenido en cuenta en la Ley". De la misma forma, los operadores de Redtel se manifiestan "dispuestos a seguir trabajando para que aumente la oferta legal atractiva en precios y contenidos online para los internautas españoles".
Asimismo, la asociación de operadores considera que la normativa antidescargas "no va contra los usuarios ya que, sólo si un juez lo autoriza, se podrán imponer obligaciones de colaboración a los operadores de telecomunicaciones. Un mecanismo que no criminaliza a los usuarios y que no nos convierte en los policías de la red.
La movilización en Internet frenó la Ley Sinde
