Existe amplio consenso sobre la necesaria independencia de los organismos reguladores del ciclo político, de forma que prime en sus responsables, sobre todo, la competencia técnica y neutralidad en sus intervenciones. Esto afecta, principalmente, a sus presidentes y consejeros. La razón es que la actuación de los mismos afecta crucialmente al funcionamiento de importantes sectores económicos y, en consecuencia, al grado de competencia efectiva. Decir esto es evidente, pero resulta de especial relevancia en estos momentos en que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) iniciará su actividad. Este organismo integra varios organismos reguladores sectoriales, junto con el organismo horizontal de defensa de la competencia.
Pese al consenso señalado, la falta de independencia y la existencia de conflictos de interés en estas instituciones parece ser un fenómeno tradicional, lo que perjudica su credibilidad, fundamentalmente en lo que se refiere a la neutralidad de sus actuaciones sobre los agentes económicos.
Lo sorprendente es que, pese a que son fáciles de obviar estos riesgos y conflictos (los remedios para evitarlos son bien conocidos y estudiados) siguen existiendo. Más adelante se darán algunos ejemplos. Al final sucede que los responsables de estas instituciones tan cruciales lo son casi exclusivamente por afinidad política con el gobierno de turno (ver las recientes críticas sobre la composición de los consejeros de la CNMC), sin apenas someterse a ningún tipo de examen público (con sesiones parlamentarias públicas) sobre sus conocimientos y experiencia profesional.
Algo positivo se ha hecho últimamente a favor de la independencia, como es la eliminación de la posibilidad de renovación de cargos en el caso de la citada CNMC; el problema es que suele haber atajos para no cumplir esta premisa. Un mecanismo conocido, ya utilizado, es ampliar la duración de los mandatos más allá de la fecha establecida sin un motivo sólido aparente. Fue el caso de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Energía, cuyos "consejeros vencidos" lo fueron siendo por un tiempo prolongado a finales de la legislatura anterior.
Elegidos por el Ejecutivo
La cuestión de la independencia es crucial para la credibilidad, y no basta que los plazos de actividad de los consejeros sean superiores a cuatro años para desligarlos del ciclo político; es igual de importante evitar una vinculación excesiva con el poder ejecutivo de turno. La CNMC está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, lo que cuestiona su independencia. Entre otros motivos, es este Ministerio quien ha propuesto los miembros del Consejo. Examine el lector su currículum y verá que no son precisamente "expertos independientes" en los mercados que supervisarán.
¿Se puede mejorar esta situación? Sin duda alguna. Una dependencia de estas instituciones del Parlamento, y no del Ejecutivo, previo consenso con una amplia mayoría, hubiera paliado considerablemente los riesgos señalados. El tema de los conflictos de interés puede surgir tanto de vinculaciones profesionales previas a los nombramientos como a futuro. Los primeros son fácilmente evitables. También los segundos mediante la generalización de un período de carencia suficientemente largo; claro está, ha de respetarse, lo que no siempre sucede.
Cero credibilidad
Por último, se señalan algunos ejemplos recientes donde, como mínimo, se ha vulnerado la neutralidad. Varios responsables de organismos reguladores sectoriales han sido posteriormente reclutados por las empresas reguladas. Presidentes, consejeros y directivos de estos organismos fueron antes empleados de estas empresas. Estos días podemos leer en la prensa que un expresidente de la Comisión Nacional de Competencia es "fichado" por un despacho de abogados especializado en derecho de la competencia. Por no hablar del fenómeno, ahora de moda, de la "puerta giratoria", llamado así para señalar la situación en la que consejeros, directivos y técnicos pasan del regulador a las empresas reguladas y de éstas al regulador con frecuencia. La lista es larga. Estos hechos pueden ser perfectamente legales, pero no dejan de ser un disparate. Obvia decir que también han existido trayectorias profesionales ejemplares, como debe ser.
Vivimos en un país con graves problemas económicos y de credibilidad internacional. Cuando se trata de acabar con una sensación de corrupción ostensible, resulta fundamental que los agentes económicos afectados por la actuación de las instituciones reguladoras tengan la certeza de que cualquier competidor, si hubiera hecho lo mismo, sería tratado de la misma forma que a él. Una insuficiente independencia y competencia técnica de los máximos responsables de estas instituciones no ayuda precisamente a conseguir este objetivo. Más bien cuestiona la eficacia y credibilidad de las instituciones.
Juan Rubio Martín, Doctor en Ciencias Económicas y experto en Economía de la Sociedad de la Información.
