Mario Alonso, fundador y presidente de Auren, defiende el papel que han desempeñado los auditores durante la crisis económica.
Este emprendedor, que también se dedica a la formación de nuevos talentos, es desde el pasado mes de julio el nuevo presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
¿Qué retos enfrenta en su nuevo cargo al mando del Instituto?
Nuestro objetivo estratégico ahora es tratar de ayudar al máximo a los pequeños despachos, prestándoles servicios de asesoramiento técnico, jurídico y de formación. Por otro lado también queremos introducir cierta dosis de austeridad a nuestra organización, así como dotarla de mayor transparencia.
¿Cómo están afrontando la crisis estas pequeñas firmas auditoras?
El sector lo está pasando mal, por que la crisis ha golpeado a las empresas, y nosotros vivimos de ellas. Las pymes están viviendo una situación muy complicada y a los propios problemas del mercado se les unen las dificultades para seguir las novedades y exigencias regulatorias que van surgiendo. En este sector se crean obligaciones continuas y ahí es donde el Instituto cumple una papel muy importante.
¿Cómo valoran los cambios que se están planteando en Europa sobre la rotación obligatoria del auditor?
Desde el Instituto creemos que esta medida no mejora la independencia, que es el objetivo que se persigue. De hecho las experiencias en otros países en los que se aplica esta obligatoriedad han sido un fracaso. La rotación obligatoria en España está muy bien regulada en la ley de auditoría, ya que solo obliga a cambiar al socio, no a la firma. Además creemos que esta norma implicaría un aumento de costes y perjudicaría a la calidad de los servicios.
¿Cómo se controla ahora la independencia del trabajo de una firma auditora en España?
A través de las amenazas y salvaguardas. El auditor tiene que evaluar si hay alguna situación que amenaza su independencia y en el caso de que sea así, tiene que poner las salvaguardas para evitarlas o renunciar al trabajo. Esto está funcionando bien en España.
¿Considera que los auditores han tenido alguna responsabilidad en la crisis financiera?
Todo lo contrario. Con independencia de casos puntuales, en los que se han producido malas prácticas o errores técnicos, creo que los auditores han conseguido detectar muchas situaciones difíciles y evitar que la crisis haya sido mayor. Eso no quita que probablemente podríamos haber hecho más.
¿Cree que los errores de algunas de las grandes firmas empañan la imagen del resto de empresas del sector?
Evidentemente en cualquier profesión un problema puede dañar la reputación del resto de empresas, pero eso no quita a que la reputación de los auditores esté ya muy consolidada. Además, si nos ceñimos a España, nosotros como corporación y a nivel profesional, no podemos prejuzgar si se han cometido errores o no por parte de ninguna firma, esto está todavía por ver. Son casos que están en los tribunales y habrá que ver si efectivamente ha existido o no alguna responsabilidad por parte de las firmas.
¿Entienden porque ahora Anticorrupción ha vuelto a activar el caso de PwC, después de que llevara diez años dando vueltas por los tribunales?
En este caso se trata de un tema interno de la firma y no se está cuestionando un trabajo de auditoría. Nuestra organización no se manifiesta en esta cuestión, porque sale de nuestro alcance, además creo que habrá que esperar a ver que pasa finalmente.
Los servicios complementarios a la auditoría están ganando peso dentro de las grandes firmas, ¿esto puede afectar a su independencia?
La auditoría es la profesión más regulada que existe, no podemos encontrar otra que tenga más controles de calidad, de formación y necesidades de informar a los supervisores. Tal y como está establecida la normativa en España, creo que el control es más que suficiente. En un primer momento el auditor hace su valoración, que será revisada por un supervisor.
¿Existe una competencia real en el sector de la auditoria?
Si hay una competencia real. Es cierto que nosotros hemos denunciado y lo seguiremos haciendo, cualquier práctica de falta de competencia. Hemos asistido a concursos públicos en los que se cierra a las empresas que pueden presentarse o se limitan por razones de volumen, esto nos parece mal. En el caso de la concentración, hay que dejar actuar al mercado.
¿Qué le parece el proceso que usó el Gobierno para seleccionar a las auditoras que fijarían los estándares a las renovables?
Hay que distinguir en estos concursos cuan es de necesario un conocimiento previo o cierto tamaño para un trabajo. En estas situaciones en las que se requiere una estructura y un volumen, me parece razonable que se impongan una serie de requisitos lógicos.
Los márgenes del sector han bajado mucho, ¿esto puede afectar a la calidad de los servicios?
No debería afectar, pero sí es cierto que los honorarios de las compañías auditoras en España están a menos de la mitad de los que se pagan en los países de nuestro entorno, pero desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas trabajaremos para intentar cambiarlo.
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