Tras el nuevo toque de Bruselas de esta semana, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que ponerse las pilas con las reformas. La renovación de las Administraciones Públicas es uno de los grandes proyectos en los que trabaja el Ejecutivo, que debería haberse puesto en marcha en marzo, y que podría incluir el establecimiento de sanciones para las Administraciones que, por error u omisión, causen perjuicios graves a los emprendedores, a las empresas y a los ciudadanos.
Esta es una de las propuestas que, a iniciativa de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, se ha incorporado a los informes del consejo asesor que colabora con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y al que pertenece esta organización mayoritaria de los autoempleados.
En concreto, la propuesta expone que la falta de armonización de la información y de responsabilidad sobre la misma puede causar errores en el inicio de una actividad empresarial o de autoempleo y en el desarrollo de la misma. Es por ello que el informe plantea que "deberían establecerse sanciones y compensación por daños y perjuicios ocasionados para evitar la situación de indefensión con la que se identifican muchos autónomos y ciudadanos".
Una petición que se justifica por razón de "reciprocidad", puesto que actualmente cualquier error del ciudadano con la Administración se traduce en una sanción, mientras que no sucede lo mismo si es la Administración la que comete el error.
En conjunto, la mayoría de las propuestas que se recogen en el documento se centran en la relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas y en la eliminación de las trabas administrativas. Unos trámites burocráticos que, con datos de ATA, cuestan anualmente 1.100 millones de euros y la pérdida de once días laborables por empresas a los autónomos y las pymes en España. En esta línea, una de las propuestas prioritarias, que cuenta con bastantes simpatías en el Ejecutivo, es la generalización de la licencia exprés, que existe desde julio para los comercios de menos de 300 metros cuadrados, y que facilita la apertura de un negocio sin necesidad del permiso que hasta ahora expedían los ayuntamientos, cuyo retraso costaba entre 50.000 y 132.000 euros a los emprendedores.
Esta generalización se propone también para la declaración responsable/comunicación previa en todas las autorizaciones y licencias de actividades inocuas.
Homogeneizar el criterio de actividades inocuas, unificar los requisitos y criterios de obtención de licencias y autorizaciones para las que no lo sean, reducir el tiempo excesivo de concesión de la licencias de obra de los ayuntamientos -tardan hasta ocho meses- , y conceder la licencia de actividad automática y sin coste en caso de traslado a otro local son otras de las propuestas recogidas.
Por lo que respecta a la descoordinación administrativa, las principales propuestas de reforma se dirigen a conseguir que "desde cualquier administración puedan realizarse los trámites pertinentes, teniendo éstas acceso a toda la documentación que ya haya sido aportada por el empresario o autónomo en cualquier otra administración".
Para ello se solicita la reducción y simplificación de los documentos que se solicitan (se requieren cinco certificados distintos para abrir una cafetería); además de establecer un registro único en el que poder depositar cualquier recurso o expediente relacionado con las distintas Administraciones del Estado en el registro de entrada del Ayuntamiento correspondiente.
Muy importante es la solicitud que se hace de una homogeneización normativa para que sean el mismo procedimiento y los mismos criterios los que se estipulen para abrir y desarrollar una actividad en todo el territorio nacional. Ligado a ello está la supresión de la multiplicidad de Administraciones para la información y la gestión que provocan la necesidad de múltiples desplazamientos.
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