La Audiencia Nacional ha admitido hoy la querella presentada por UPyD contra Bankia y ha citado como imputados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a más de una treintena de consejeros del grupo y su matriz, BFA, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes. Consulte aquí el auto del caso Bankia (.pdf).
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4, ha adoptado esta decisión después de que Anticorrupción informara a favor de la querella que UPyD presentó por estafa y otros delitos contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, BFA, cuando la primera salió a bolsa. "Nos han admitido a trámite la querella contra Bankia", dijo una portavoz de UPyD a Reuters.
Además, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, tendrán que declarar como testigos, según el auto del juez Andreu.
UPyD había solicitado en su querella como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.
Sobre esta petición de medidas cautelares, el fiscal se mostró contrario a su concesión, mientras que el juez argumenta que es necesaria una vista para decidir si finalmente se adoptan para lo que ha citado a todas las partes el próximo 23 de julio.
La concrección, más adelante
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu advierte, tras admitir a trámite la querella que la quiebra de la entidad "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país". "La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento", dice el juez.
"El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo ascendería, por tanto, a la suma de 23.465 millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjuicio para la economía nacional", agrega el magistrado tras referirse a la inyección de 4.465 millones de euros realizada por el FROB y que "se convertirá en acciones de Bankia al no poder ser devueltos".
El juez imputa de forma inicial a los exconsejeros la comisión de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Precisa, además, que concretará a lo largo de la instrucción los delitos que atribuye a cada uno de ellos.
Fianza de 20.000 euros para continuar
Así, destaca "la suma relevancia de Bankia el sistema financiero español" ya que se trata del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes y un volumen de negocio que supera los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros.
En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa Andreu detalla, en concreto, que este órgano judicial se ocupa de "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión" y destaca que los hechos "encajan plenamente en el concepto material de defraudación".
El juez destaca también "la trascendencia de los hechos que son objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la investigación penal" e impone a la formación denunciante una fianza de 20.000 euros para constituirse como parte.
Describe que, según la querella, los hechos reflejan el deterioro patrimonial de la entidad que fue creciendo progresivamente en un breve espacio de tiempo" pasando el balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
UPyD denunció que los consejeros de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas de ambas entidades para crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores.
Revuelo social por el caso
La ausencia de una investigación a fondo sobre el caso de Bankia y su controvertida salida a Bolsa -desde la cual acumula una caída de más del 70%- después de que el grupo pidiera su nacionalización y solicitara ayudas públicas por un importe global de 23.500 millones de euros, ha levantado ampollas en la sociedad española y han sido numerosas las manifestaciones ciudadanas pidiendo una investigación.
La fiscalía anticorrupción anunció a principios de junio que abriría una investigación por el caso, después de que la negativa del gobernante Partido Popular a abrir una comisión en el Congreso llevase al minoritario UPyD a anunciar que llevaría el caso de Bankia a la Audiencia Nacional, que también estudia una demanda presentada por Manos Limpias.
Las cajas de ahorro españolas, tradicionalmente muy ligadas a los poderes políticos regionales, han sido uno de los principales puntos débiles del sistema financiero español por los elevados riesgos crediticios asumidos durante la época del boom inmobiliario.
El exministro de Economía y vicepresidente del Gobierno durante el anterior Gobierno del Partido Popular, Rodrigo Rato, presidió la entidad durante todo el proceso de salida a Bolsa y se vio forzado a presentar su dimisión cuando la nacionalización del grupo era inminente.
La colocación a bolsa de la entidad ha sido ampliamente criticada por distintos medios y asociaciones por el elevado importe de la operación que se colocó en las potentes redes comerciales de las cajas del grupo, mayoritariamente entre pequeños inversores.
La apertura de diligencias es sólo la primera fase de la investigación sobre Bankia y, dependiendo del resultado de la misma, se juzgará si los hechos son constituyentes de delito.
Las querellas contra Bankia
