La falta de adecuación entre los costes de producción de algunos servicios básicos como la luz o el agua incide en que la mejora de los mismos o el equilibrio de sus cuentas siempre pasa necesariamente por un aumento del recibo que pagan los usuarios. La impopularidad de la medida suele arrostrarla quien tiene la valentía de establecer orden en el desbarajuste y no quienes hicieron dejación de su deber y dejaron pudrir el problema. En los últimos seis meses, el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha autorizado una inversión de 8.600 millones -que en las próximas semanas puede alcanzar los 10.000 millones- para la explotación y recuperación de cuencas hidrológicas. De no hacerlo, en 2015 nos enfrentaríamos a importantes sanciones de la UE por no cumplir con la directiva Marco del Agua.
Un programa que persigue, entre otros objetivos, reducir la contaminación; promover el uso sostenible, y prevenir los efectos derivados de las inundaciones y sequías. Aspecto determinante para España al verse muy afectada por este problema.
La realización de estas inversiones tendrá consecuencias en el recibo. Se calcula que las tarifas pueden sufrir incrementos cercanos al 50%. Ahora el precio del metro cúbico para uso doméstico es de 1,57 euros, una cantidad que no refleja el coste del servicio y que no contribuye al consumo responsable de un bien cada vez más escaso. Hablar de subidas del precio del agua no goza de buena acogida entre la opinión pública, pero es prioritario invertir para sostener un servicio fundamental, evitar sanciones que a la postre pasarían una factura más elevada y fomentar un consumo responsables de los bienes escasos.
