Las eléctricas no han logrado cerrar una propuesta para repartirse el control de las centrales nucleares, tal y como les exige la Ley 12/2011 de responsabilidad civil que obliga a que el titular de una central sea una sociedad, con el fin de clarificar las responsabilidades en el caso de cualquier incidente.
El Gobierno quiere extender el actual esquema accionarial de Garoña al resto de centrales, que en su mayor parte son comunidades de bienes en las que las decisiones se toman por unanimidad, para evitar que se difuminen las responsabilidades.
El pasado viernes, los máximos representantes de las áreas nucleares se reunieron para tratar de lograr un acuerdo, pero las diferencias entre Gas Natural e Iberdrola a cuenta de Trillo -cuyo mayor accionista es Iberdrola- persistieron y pueden forzar al Ministerio de Industria a dar un golpe en la mesa y decidir cómo se cumple la ley, tras casi un año de clamoroso incumplimiento.
Los actuales porcentajes de propiedad de las centrales vienen dados por intercambios de activos propiciados por los Gobiernos de diferentes épocas para evitar que una empresa tuviera un control excesivo y para salvar en gran parte las cuentas de las compañías que acometieron las inversiones.
Acuerdo en septiembre
La ley obligaba además a que las eléctricas alcanzaran un acuerdo en septiembre del año pasado pero desde entonces y, pese a las constantes negociaciones que se han mantenido, el pacto ha sido imposible y el Ministerio ha ido dejando correr los plazos sin forzar a las empresas a llegar a una solución.
Por el momento, Endesa e Iberdrola están de acuerdo en el reparto del control de sus centrales de modo que la eléctrica que preside Borja Prado gestionaría Ascó II y Vandellós e Iberdrola tendría los dos grupos de Almaraz y Cofrentes. Garoña seguiría bajo el paraguas de Nuclenor.
En la mesa de negociaciones había sobre la mesa una propuesta vista con buenos ojos por Endesa e Iberdrola que permitía mantener la estabilidad accionarial en Trillo, a cambio de que no se pudiera tomar el control de la sociedad por parte de Gas Natural, pero la compañía que dirige Rafael Villaseca rompió la baraja e insistió en su propuesta en la que el titular de la autorización no deba ser el propietario de la central y que podría mantener su actual régimen.
La sociedad operadora titular de la autorización de explotación firmaría un contrato de gestión con la Junta de la comunidad de bienes de la central. A partir de ese momento, sería responsable de la gestión de la planta, respondiendo ante los reguladores y las autoridades de seguridad nuclear. De este modo, la responsabilidad del operador estaría respaldada no sólo por sus propios medios, sino por las sociedades propietarias mediante un contrato de garantía que evitaría que se redujera el actual nivel de responsabilidad y garantías y asignaría los costes y los riesgos a los titulares en función del porcentaje de la propiedad.
Este modelo permite, en opinión de Gas Natural, mantener los actuales equilibrios dentro de las centrales, pero la mayor ventaja sería que el ebitda se seguiría consolidando según el porcentaje de propiedad -principal motivo para dar la batalla por parte de la gasista- y ademas continuaría el régimen de gestión de la energía, de modo que cada socio vendería su parte en función del porcentaje que tiene en la comunidad de bienes.
Gas Natural considera que con su propuesta se evitaría que se generaran distorsiones y advierten de que están dispuestos a denunciar ante la Comisión Nacional de Competencia y en última instancia en los tribunales, si finalmente no logran situarse como operadores de la central nuclear.
La gasista llegó incluso a acercarse a HC Energía para plantearles una operación de compra de su participación en Trillo (15 por ciento), pero aún así seguirían sin tener la mayoría de control de esta central.
Gas Natural asegura que tiene una experiencia de 45 años como explotador nuclear, pero en estos momentos sólo está reconocida en el nivel 3 de Wano -la asociación mundial de operadores de centrales- como empresa que participa en centrales, pero que no es una operadora, nivel que únicamente tiene Iberdrola y las comunidades de bienes que son propietarias de las centrales.
Este choque de trenes se produce en un momento en el que ninguna de las empresas quiere ceder nada en su disputa y en plena reforma del sector eléctrico.
Iberdrola mantiene su propia propuesta pero no quiso dar más detalles a este diario sobre la misma a expensas de poder seguir negociando un acuerdo.
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