El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer su informe sobre el anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que afecta al régimen de sustituciones, permisos y licencias de los miembros de la carrera judicial, una reforma a la que se oponen las distintas asociaciones de jueces y fiscales y que se encuentra actualmente en negociación con el Ministerio de Justicia.
El informe, que cuenta con dos votos particulares formulados por los vocales Antonio Dorado y José Manuel Gómez Benítez y con un voto concurrente de la vocal Gabriela Bravo, asegura que, a pesar de la gravedad de la situación económica actual, resulta conveniente "preservar, en su estructura actual, todos aquellos permisos y licencias que responden a las singularidades propias del ejercicio de la función jurisdiccional", por lo que "no deben ser objeto de una mera equiparación con el régimen jurídico previsto para los funcionarios públicos".
Por ello, se insiste en mantener "el régimen vigente para los seis permisos anuales de tres días".
Mejoras técnicas
El informe también propone una serie de mejoras técnicas para un mejor funcionamiento y coherencia interna del sistema de sustituciones y refuerzos, partiendo de la "situación de sobrecarga generalizada de trabajo que gravita sobre la Administración de Justicia".
En este sentido, el CGPJ considera que tal sistema "no debiera ser de aplicación al Tribunal Supremo, que cuenta con un sistema específico a través de la presencia de magistrados eméritos".
Además, se sugiere que la retribución por sustituciones o refuerzos no esté condicionada a la carga de trabajo global que soporte el juez afectado, de modo que, para fijar la remuneración por tales conceptos, sólo se tenga en consideración el trabajo desempeñado por quien sustituye o participa en una medida de refuerzo.
