Esta semana hemos conocido que el déficit público de España alcanzó el 6,7% del producto interior bruto (PIB) en el año 2012. Se trata de una noticia agridulce. Dulce porque el esfuerzo que ha realizado España en 2012 ha tenido su recompensa; nuestro déficit ha caído más que en ningún otro país de la OCDE: un 2,2%, desde el 8,9% del PIB.
Agria porque, a pesar del enorme esfuerzo realizado por los ciudadanos, esta cifra supera en cuatro décimas el objetivo acordado por el Gobierno y Bruselas para el último ejercicio. Para lograr la reducción del déficit público alcanzada en 2012, el Gobierno utilizó, en mayor medida, incrementos impositivos (IVA, IRPF) y, en menor medida, recortes de gasto público.
Ahora que conocemos el dato del déficit público en 2012, debemos preguntarnos qué ocurrirá en el próximo ejercicio. Según la última información acerca de las negociaciones que se están llevando a cabo, España se comprometerá a alcanzar un déficit del 5,3% del PIB en 2013.
Es decir, nos enfrentamos a una reducción del déficit público equivalente al 1,4% del producto interior bruto. El ajuste que el Gobierno debe diseñar para este año es, por tanto, sólo ligeramente inferior al realizado en el último ejercicio.
¿Cómo se hará dicho ajuste? Según el programa de estabilidad para el período 2012-2015 acordado con Bruselas, España se ha comprometido a reducir su déficit público en 2013 utilizando, a partes iguales, medidas desde el lado del ingreso y desde el lado del gasto.
Desde el lado del ingreso, el Gobierno espera un ingreso adicional a través del IRPF y de otras partidas no impositivas. Desde el lado del gasto, el Gobierno planea reducciones en sanidad, educación y en las llamadas competencias impropias.
Dos grandes interrogantes
Este hecho abre dos grandes interrogantes para el año 2013. El primero de ellos se refiere a si se cumplirán las estimaciones de ingresos del Estado. Éstas están realizadas con base en un escenario de crecimiento más optimista que el que fue presentado la semana pasada por la Comisión Europea. Lo que sugiere que, hoy, parece difícil que se alcancen los objetivos de ingresos.
El segundo interrogante es una consecuencia del primero. Puesto que harán falta medidas adicionales para reducir el déficit, cabe preguntarse si éstas vendrán por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos.
Los hechos recientes han puesto de manifiesto que la opinión pública es más sensible a reducciones en el gasto público que a incrementos impositivos. Por otro lado, la investigación económica reciente encuentra pruebas de que el efecto contractivo de las subidas impositivas es mayor que el de los recortes del gasto.
Por ejemplo, en un acreditado documento de investigación publicado en agosto de 2012, los economistas Alberto Alesina, Francesco Giavazzi y Carlo Favero encontraron, para un conjunto de 15 países pertenecientes a la OCDE entre los que se encuentra España, que los ajustes fiscales centrados en incrementos impositivos generaron recesiones profundas y prolongadas, mientras que los ajustes centrados en reducciones de gastos causaron recesiones más suaves y breves.
Si tomamos como ciertos los resultados de estas investigaciones, el Gobierno se enfrenta a una disyuntiva crucial. ¿Debe incrementar los impuestos para intentar minimizar un posible revés electoral o debe reducir los gastos para disminuir el impacto sobre el nivel de actividad?
Es innegable que se trata de una pregunta incómoda y de difícil respuesta, pero es necesario que el Gobierno tome partido. Y cuanto antes lo haga, mejor.
Rolf Campos y Gonzalo Gómez Bengoechea, de IESE Business School e ICADE.
España cierra 2012 con un déficit del 6.74%
