La polémica generada en Reino Unido por la evasión fiscal de multinacionales ha reabierto el debate sobre la necesidad de un acuerdo internacional para impedir los subterfugios para reducir impuestos. Sucesivas investigaciones sobre gigantes como Google, Amazon o Starbucks han confirmado el ilimitado alcance de la ingeniería financiera que permite aliviar la dentellada tributaria. Sin embargo, recién superada la segunda recesión en tres años y sin poder descartar una tercera a corto plazo, el Gobierno británico no puede permitirse actuar en solitario contra una práctica que adelgaza su cesta fiscal en miles de millones de libras.
Una estrategia percibida por las grandes corporaciones como demasiado agresiva podría espantar no sólo a potenciales inversores, sino a aquellos que desde hace años están asentados en las islas. Y es que un contexto de reducción de déficit vía austeridad, el plan de David Cameron aspira a que el sector privado catalice la recuperación, lo que limita las opciones del primer ministro a un acercamiento casi unilateralmente conveniente para las empresas. No obstante, después de que el propio Parlamento instase a boicotear a las compañías que emplean complejos instrumentos para aliviar, o directamente eliminar, cargas como el impuesto de Sociedades, la veda está abierta.
Evitar los impuestos
El problema es que los argumentos se dirimen exclusivamente en el ámbito de la moralidad, puesto que, aunque impopulares, fórmulas como las que han permitido a Starbucks no pagar impuestos en los últimos tres años, a pesar de los 1.200 millones de libras en ventas, no son ilegales. Lo que las multinacionales hacen es estirar la normativa para aprovechar las ventajas de los variados modelos de cada país para, así, maximizar sus beneficios. Es más, la cadena de cafés ha dado cuenta de beneficios de su rama británica en tan sólo una ocasión en los 14 años que lleva instalada. El motivo, los royalties que paga a su central en Holanda, país con el que tiene un jugoso acuerdo.
Por ello, después de que el Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes expusiese las artimañas para esquivar lícitamente al fisco, el Gobierno británico está en el punto de mira. Su defensa es que sólo puede reclamar las contribuciones fiscales a las que tiene legalmente derecho. La canalización de los ingresos de Starbucks a Holanda; las ventas de Amazon a través de la central en Luxemburgo o la localización de Google Europa en Irlanda sobrepasan su jurisdicción.
El cuestionamiento ético, sin embargo, ha generado una campaña de presión en la que se ha implicado incluso el ministro de Empresas. Colectivos como Tax Justice Network acusa a la Administración de hacer oídos sordos para mantener una agenda que favorezca las inversiones. Sin embargo, la Agencia Tributaria cuenta con una unidad especializada de 1.200 inspectores fiscales responsables de escrutinizar los acuerdos de 770 de las mayores compañías que operan en el país, que en términos prácticos significa las que manejan activos de más de 2.000 millones de libras.
El Servicio de Grandes Negocios asegura que si existe el riesgo de perder potenciales ingresos, se activan los mecanismos para evitarlo, pero cuando se trata de multinacionales, en un contexto de comercio electrónico y primacía de Internet, las líneas de cuánto deben pagar en impuestos y a quién se diluyen, complicando la tarea de las autoridades tributarias.
Impuesto sobre la producción
Una de las opciones que el Gobierno tiene a su alcance es articular un impuesto sobre la producción de una compañía, en lugar de sobre los beneficios, ya que sería más difícil de evadir. Con la marejada reciente, el titular del Tesoro puede aprovechar la contestación para introducirlo tan pronto como el 4 de diciembre cuando, con el denominado Comunicado de Otoño, aproveche para ejecutar una puesta al día presupuestaria acorde con la evolución financiera. La dificultad radica, nuevamente, en el mensaje que esta apuesta amenaza con emitir acerca del atractivo de Reino Unido como espacio inversor, además del probable cuestionamiento por parte de la Unión Europea a la medida. De ahí la necesidad de un acuerdo supranacional que garantice, por una parte, que las multinacionales asumen la parte que les corresponde según sus ganancias en cada país y, por otra, que los arreglos fiscales no acaban pasando factura a los que presentan una línea más dura en materia impositiva. No en vano, el responsable de Google para el norte de Europa admitió abiertamente en el Parlamento británico que la compañía había elegido Irlanda como centro de operaciones por su más que ventajoso 12,5 por ciento de impuesto de Sociedades. A partir de ahí, el gigante de internet mueve la mayor parte de sus beneficios a las Bermudas.
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