La infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey, fue ayer imputada por "colaboración necesaria" por el juez instructor del caso Nóos.
Es la primera vez que un miembro de la familia real se ve incurso en un procedimiento judicial, aunque por la marcha de los acontecimientos parecía inevitable. Este hecho reafirma la confianza en que el sistema democrático funciona.
Se han cumplido las palabras del Rey en la Nochebuena de 2011 -"la justicia es igual para todos"- sobre todo en un momento tan convulso en el que el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición se ven también salpicados por asuntos de corrupción.
Además, se rompe un tabú en torno a la casa real forjado en la Transición: las actuaciones de la familia real están a salvo de cualquier comentario. Un grave error que mezcló la impunidad constitucional del Monarca con la ausencia de crítica e hizo concebir la falsa ilusión de que el privilegio del Rey también se extendía a su familia.
Sin embargo, se olvidó lo más importante: la obligación que tienen todos los miembros de la familia real de dar ejemplo de autoridad moral y ser los primeros observadores de la ley.
No se entiende que la fiscalía, en directo enfrentamiento con el juez, recurra la imputación de la infanta si ello se debe a presiones de la Fiscalía General. Si finalmente resulta condenada, Cristina de Borbón debe renunciar a su puesto en la línea de sucesión, para desvincularse de la Corona y contribuir a la pervivencia de la misma. Se ha roto el tabú y los ciudadanos exigen ejemplaridad.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
¿Peligra la nobleza española?
