El Gobierno ha dado un mordisco importante a la hucha de las pensiones. En menos de dos años se ha comido 24.651 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que suponen un 37% de los 66.815 millones que tuvo en el momento de máximo volumen (2011). El dato es preocupante y da la razón a los expertos que advirtieron de que el Fondo de Reserva se agotaría en un lustro si se esperaba, como ha sucedido, hasta 2019 para aplicar la esperanza de vida al cálculo de la pensión inicial (factor de sostenibilidad). Una demora inexplicable cuando la nómina de pensiones ya alcanza los 8.000 millones al mes.
La reforma que ha entrado en vigor este año sólo aplica una parte de la misma, relativa a la revalorización anual de las prestaciones que se calcula al margen del IPC. Una medida adecuada pero insuficiente porque el paro y los nuevos empleos de baja calidad hacen mella en el sistema.
El Fondo de Reserva se ha convertido en un colchón fundamental para evitar que, de momento, la Seguridad Social tenga que pedir prestado al Estado o se endeude para enjugar su déficit. La hucha ha demostrado sobradamente su eficacia para afrontar la crisis, pero ello no nos puede hacer olvidar que hay un problema de fondo sin solucionar. El número de jubilados en pocos años puede duplicar el actual y se hace necesaria una gestión del sistema con visión a largo plazo. Este enfoque se ha obviado en el ritmo con que se está aplicando la reforma de las pensiones y tampoco la reforma fiscal ha dado el impulso que precisaba el ahorro previsión. Ignorar el problema es el mayor riesgo para las pensiones, cuando se sabe que los ahorros del sistema tienen los años contados y la recuperación del empleo lenta.
