Los denominados Contratos de Arrendamiento de Renta Antigua -firmados antes de mayo de 1985 y prorrogados en la ley de 1994- se extinguirán el 31 de diciembre. Con excepciones, y también con muchos problemas sin resolver que ponen en peligro cerca de 250.000 empleos. Son las personas que trabajan en los casi 80.000 negocios que no han logrado llegar a un acuerdo con el arrendador, pese a que han tenido 20 años de una prórroga que acaba ahora.
Así, los inquilinos perderán los privilegios de un contrato con precios que están desactualizados y los inmuebles comerciales regresarán al mercado libre.
Aunque si bien es cierto que ha habido tiempo suficiente para llegar a acuerdos -exactamente esos cuatro lustros desde la prórroga concedida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994-, la realidad es que algunos comerciantes, con locales ubicados en zonas privilegiadas, se enfrentan a subidas de alquiler, en ocasiones inasumibles, de entre el 200% y el 400%.
"Más en un momento como el actual, con las ventas al mínimo", dicen los comerciantes. Algunos se temen que, si no hay acuerdo entre las partes, tendrán que echar el cierre.
Desajuste del mercado
La situación no es fácil, sobre todo para quienes van a pasar de pagar de 8.000 a 50.000 euros. Pero hay otra lectura, la que considera que son precios del pasado, alquileres de otra época que desvirtuan el mercado y penalizan al propietario, que eran los que realmente subvencionan al comerciante.
"La existencia de la renta antigua ha provocado la coexistencia de actividades comerciales que, siendo similares y vecinas, disfrutan de niveles de renta mensual muy diferentes. Es indudable que habrá negocios que hoy disfrutan de contratos de renta antigua que no van a poder soportar un incremento exponencial de su gasto de alquiler, pero también habrá quien pueda asumirlo. Dependerá del tipo de negocio" explica la responsable del área tributaria de Tinsa, Marta García.
"Un local de restauración ubicado en una zona turística tendrá, seguramente, menos problemas que una mercería".
Para la analista de Tinsa, "a no ser que sea un inquilino problemático, al propietario le interesa llegar a un acuerdo". En ese sentido, la propia LAU propicia la negociación, ya que otorga al inquilino ciertos derechos preferentes e indemnizaciones.
Así, durante el año siguiente al fin del contrato, el arrendatario tiene derecho preferente para alquiler otra vez el local en las mismas condiciones que las ofertadas a un nuevo inquilino. Además, si en el año siguiente a la extinción se instala un nuevo inquilino con un negocio igual o afín al del antiguo arrendatario (la nueva actividad puede aprovecharse de la clientela de la anterior), la Ley reconoce al antiguo inquilino el derecho a recibir una indemnización de 18 mensualidades de la renta que pagase en el momento de la extinción.
También la directora de Locales de Jones Lang LaSalle, Ángeles Pérez, cree que la crisis puede aminorar los efectos del fin de rentas antiguas, "sobre todo en los ejes secundarios, donde existe una cantidad elevada de locales vacíos. En algunos casos, los propietarios prefieren un inquilino a largo plazo, pagando menos, que tener un local vacío".
Prórroga de cinco años
Algunos colectivos como la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) y las organizaciones de autónomos UPTA han solicitado al Gobierno una moratoria de las rentas de cinco años, de 2015 a 2020, para evitar el cierre de los negocios.
De entrada, son muchas las inversiones y pedidos que se han paralizado y han centrado su actividad en vender el stock a la espera de ver cómo se resuelve. La fecha límite, si nada cambia, el próximo 31 de diciembre.
Las pymes piden un aplazamiento
