El Gobierno exigirá a las empresas que calculen y reduzcan las emisiones de CO2 si quieren trabajar con la Administración; planea empezar dentro de unos meses con la compra pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Susana Magro, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, ha anunciado a elEconomista Agua y Medio Ambiente que el Gobierno reclamará a las empresas inscribirse en el nuevo Registro de huella de carbono si quieren trabajar con la Administración. Para ello deberán, como mínimo, calcular y reducir las emisiones de CO2.
La idea es que se aplique "de cara a 2015", empezando con la contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), y que posteriormente se extienda al resto de la compra pública, que aporta el 16 por ciento del PIB nacional.
El nuevo Registro, alumbrado por el Real Decreto 163/2014, es pionero en Europa. Facilitará que las organizaciones y los individuos que lo deseen calculen, bajen y compensen sus emisiones de CO2 invirtiendo en masas forestales en España. Las disminuciones de anhídrido carbónico que se obtengan computarán en los objetivos nacionales de reducción que el país tiene comprometidos con la UE.
Para aumentar el éxito del Registro, las empresas que quieran trabajar con la Administración tendrán que estar inscritas en él. Como mínimo, habrán de calcular las emisiones de la organización y minorarlas, mediante, por ejemplo, la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Adicionalmente, podrán compensar su huella de carbono restante invirtiendo en nuevos bosques en el territorio nacional -proyectos de absorción de CO2-, pero esto no será una exigencia para participar en la compra pública.
La compensación del CO2 en masas forestales que actúan como sumideros de carbono ha generado un nuevo mercado que mueve globalmente unos 250 millones de euros y crece al 13 por ciento anual. El nuevo Registro propiciará que esas inversiones, ahora mayoritariamente destinadas a países pobres o emergentes, se queden en España.
Cálculo y compensación de CO2
Muchas entidades ya calculan y reducen sus emisiones de dióxido de carbono, pero apenas un puñado las compensa. El Banco Popular ha sido la primera empresa del Ibex 35 en hacerlo, como anunció el pasado mes de abril; tras echar las cuentas de su generación de CO2 de acuerdo con estándares internacionales, la entidad ha contratado electricidad totalmente renovable, "aun implicando un sobre coste en relación al proveedor anterior", y ha implementado otras medidas, como incrementar las multiconferencias, el uso del vehículo compartido para los empleados y reducir el consumo de papel y otros insumos.
Además, en 2013, el Banco destinó 8.984 euros a un proyecto de reforestación en Chiapas, México, para descontarse el CO2 que absorban los árboles de sus propias emisiones hasta neutralizarlas.
La cantidad invertida es pequeña, pero significa rascarse el bolsillo voluntariamente para mejorar el medio ambiente, porque un banco no está sometido al régimen de Derechos de Emisión vigente en la UE.
Éste sólo afecta a las actividades energéticas y a la producción de acero, cemento, papel, vidrio y azulejo. Todo el resto de la economía se considera difuso y no tiene asignada una cuota máxima anual de CO2.
Ahora bien, que no haya asociado un límite coercitivo a las emisiones no quiere decir que no se deba actuar para reducirlas y frenar el cambio climático. Así lo ha entendido el Popular y así lo entienden muchas otras empresas, como Bodegas Torres. Miguel Torres, el cabeza de la familia propietaria de la firma, es muy crítico con las supuestas prácticas a favor del medio ambiente sin inversión asociada: "Se reúnen en una mesa, hacen unas declaraciones y unos protocolos maravillosos, pero nada más".
Su, sector, el del vino, ve el futuro con preocupación por culpa del cambio climático -las viñas son muy sensibles y el caldo se resiente con facilidad- y está sensibilizado. Bodegas Torres, sin ir más lejos, también ha calculado su huella de carbono y la ha reducido un 70 por ciento con la introducción de fuentes de energía renovable: "La biomasa -dice el patriarca- está dando un resultado espectacular"; por si acaso, también se cura en salud y compra tierras altas en los Pirineos, "quizá para las viñas dentro de 30 años".
Bodegas Torres es una de las empresas que se apuntan al nuevo Registro. Otras han anunciado que también lo hacen, como DKV Seguros, que redujo sus emisiones un 49 por ciento el año pasado, o Meliá Hoteles, que emite unas 14 toneladas de CO2 por cliente y espera reducirlas un 20 por ciento en cuatro años.
Bosques: sumideros de carbono
El Registro ya cuenta con proyectos forestales susceptibles de recibir las inversiones en compensación. El primero de ellos lo ha desarrollado Bosques Sostenibles, una pyme que ha participado en el grupo de trabajo organizado por el Magrama para elaborar el referido decreto.
Este primer sumidero de carbono, situado en Campoo de Yuso, Cantabria, tiene siete hectáreas de fresnos, abedules, servales, álamos y pinos silvestres -6.000 árboles recién plantados-, y ha precisado una inversión de 60.000 euros. La gran mayoría corresponde a Volkswagen, que, desde 2007, planta un árbol por cada vehículo vendido y ya tiene media docena de bosques en España.
"En Bosques Sostenibles nos encargamos de la plantación y su mantenimiento durante seis años -comenta Jesús David Sánchez, ingeniero de la empresa- y ahora tenemos más de 300 hectáreas disponibles para las firmas que quieran neutralizar sus emisiones gracias a las arboledas".
Ahora bien, la inmensa mayoría de los proyectos de compensación forestal se hacen en países pobres o emergentes. Tan es así que, hasta la creación del Registro, en España sólo había otro sumidero de CO2 implementado con los estándares internacionales de contabilidad.
Este proyecto inaugural fue ejecutado a inicios de año por la Fundación Ecodes -asimismo participante en el citado grupo de trabajo ministerial- y también para Volkswagen, en Soto de Salz, Zaragoza, en un antiguo vivero del Gobierno de Aragón. Como no existía el Registro, las emisiones del proyecto han computado en la cuenta de la automovilística -que no está obligada-, pero no en el cumplimiento de los objetivos de reducción que España tiene asumidos. Ahora, con el Registro, la situación cambia.
Emisiones que cuentan para los objetivos de España
España debe disminuir un 10 por ciento las emisiones de los sectores difusos en 2020 -son aproximadamente el 60 por ciento del total- y el Registro, además de aportar visibilidad y seguridad jurídica, permitirá que las compensaciones cuenten en los objetivos nacionales de reducción.
"El Gobierno está llevando a cabo varios proyectos para reducir las emisiones de los sectores difusos -dice Susana Magro-, como el Clima o los Pima Sol, Aire y Tierra, que actúan sobre sectores como la hostelería, la automoción y la edificación; el nuevo Registro enlaza con todos ellos".
Empero, las empresas sometidas al sistema obligatorio de carbono no podrán descontarse las emisiones que compensen en España; de acuerdo con las normas fijadas por el Protocolo de Kioto, sólo podrán anotarse actuaciones en países pobres o emergentes. Ello dificultará que las inversiones en compensación de estas grandes compañías se queden aquí, aunque los consejos de administración pueden decidir acometerlas como parte de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
El Registro, por otro lado, favorece la participación de las pymes, eximiéndolas de la certificación de una entidad acreditada para la parte más complicada del cálculo de su huella de carbono, el denominado Alcance 3 y relativo a las emisiones indirectas de su actividad, es decir, aquellas que, por ejemplo, afectan a los proveedores.
"Hemos puesto a disposición de los interesados un sistema de cálculo de su huella de carbono y nos encargaremos de verificar los números que nos remitan", comenta Magro, antes de añadir que "también estamos desarrollando una nueva metodología para facilitar las cuentas, aunque en el Registro se admiten todos los sistemas reconocidas internacionalmente", como ISO 14.046, ISO 14.067, GHG Protocol o PAS 2050.
El sistema desarrollado por el Magrama, accesible en su página web, está adaptado a las típicas especies forestales españolas, a las que asigna un ratio concreto de fijación de carbono.
Expectación y dudas sobre la evolución del mercado
Ninguno de los expertos consultados se atreve a aventurar el volumen de inversión que canalizará el Registro. Magro destaca la gran expectación que ha despertado: "Hemos recibido más de 100 consultas en los primeros dos meses, y sin haberlo publicitado", y apunta que ya hay varios proyectos de absorción inscritos.
En la actualidad, la compensación de emisiones está reconocida como una donación y goza de la correspondiente deducción de impuestos, pero no de otros incentivos. "Por eso queremos pedir a las empresas que se registren para participar en la compra pública; la idea es aplicarlo primero en los trabajos para el Magrama y después extenderlo".
Sin duda, el Registro aumentará la sensibilización social sobre el problema del cambio climático y contribuirá a dinamizar el sector forestal, al aportar un valor añadido a la silvicultura. ¿En qué medida? Pues al principio, no de un modo espectacular, y no sólo porque todos los comienzos sean difíciles.
Que la Administración lo considere un requisito es un acicate, pero la evolución dependerá del rumbo que se adopte internacionalmente para actuar contra el calentamiento global en el escenario posterior a la caducidad del Protocolo de Kioto, que saldrá de una cumbre climática en París el año que viene. Si los estados establecen medidas exigentes, tendrá mucho éxito, si no lo hacen...
Pero con independencia de que se alcance un pacto internacional por el clima, el mercado ya existe.
En España, el precio del CO2 de los sumideros forestales está en desventaja en relación a otras latitudes más fértiles. "Nosotros recomendamos proyectos mixtos, y que parte también vaya a los países pobres", comentan desde la Fundación Ecodes, entidad que desarrolla proyectos de compensación desde el año 2005, principalmente en Latinoamérica y con un enfoque de cooperación al desarrollo, aprovechando la riqueza que generan en las comunidades implicadas: "Nosotros preferimos trabajar en esos países, pero lo hacemos también en España porque las empresas nos lo demandan".
Y esta demanda se explica porque los frutos de la compensación, habitualmente relacionados con la RSC, son más tangibles si están cercanos: los bosques, por ejemplo, se pueden enseñar y usar para actividades de ocio.
En cualquier caso, como afirma Magro, "las emisiones difusas cuesta mucho bajarlas, porque es muy complicado actuar contra ellas; en los últimos años se han reducido en España, sobre todo por la crisis, y ahora tenemos el reto de evitar que vuelvan a subir con la reactivación de la economía; el Registro es una iniciativa pionera en Europa que ayudará a conseguirlo".
El precio de la tonelada de CO2 de origen forestal compensada en España quedará reflejado en la tercera sección del Registro, contribuyendo a aportar luz a un mercado internacional notablemente opaco e inmaduro, pero que crece a buen ritmo.
La compensación forestal de CO2: crecimiento anual del 13%
El mercado global de compensación forestal de CO2 captó una inversión de 216 millones de dólares en el año 2012 y evitó la emisión de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, de acuerdo con los datos de Forest Trends. Las expectativas son que crezca alrededor de un 13 por ciento cada año hasta superar los 1.000 millones en 2020.
En la actualidad, la compensación forestal -que ya cubre más de 250.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a media España- se puede hacer en unos 60 estados. La inmensa mayoría son países pobres o emergentes, porque la compensación tiene como origen los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, que permiten a los actores afectados por el régimen obligatorio de CO2 invertir en proyectos verdes allí y descontarse las emisiones que eviten de su cuenta particular.
Al principio, los mercados voluntarios de carbono tuvieron más pena que gloria, pero en 2004 el banco HSBC dio el pistoletazo de salida al decidir que se iba a convertir en una entidad neutra en carbono y destinar 750.000 dólares para compensar sus emisiones. Hoy ya resulta atractivo para todo tipo de entidades, con independencia de su tamaño; el 70 por ciento son empresas y el resto son Administraciones de América del norte, de Europa y de Oceanía.
La motivación de las empresas para participar en los mercados voluntarios son, de acuerdo con una encuesta de New Carbon Finance, la RSC, las relaciones públicas, la posibilidad de ofrecer productos neutros a clientela concienciada, disponer de otra herramienta de marketing, anticiparse a cambios normativos que conviertan en obligatoria la compensación, así como el perjuicio directo del cambio climático en el modelo de negocio, como ocurre con las aseguradoras.
Aparte de los acuerdos que puedan alcanzarse, en Chicago hay una Bolsa del Clima que acepta proyectos de reducción de emisiones centrados en la agricultura y la silvicultura, siempre que se desarrollen en territorio norteamericano y en los países identificados por el Protocolo de Kioto. El precio medio de la tonelada de CO2 ronda los 8 euros.
Precios del CO2 más altos que en el Mercado oficial
El precio de la tonelada de CO2 de los mercados voluntarios de carbono guarda una relación indirecta con el de la tonelada de CO2 del régimen obligatorio.
Si en éste el precio depende de la cantidad de Derechos de Emisión otorgada por los Estados, en aquel depende de cada caso. Mónica Vidal, coordinadora de proyectos de la Fundación Ecodes, una entidad sin ánimo de lucro especializada en los mercados voluntarios de carbono, explica así el mecanismo: "El precio de la tonelada de CO2 debe permitir la rentabilidad, de modo que a los costes del proyecto forestal en sí, incluido su mantenimiento, debe añadirse el estudio técnico de las emisiones de carbono y los honorarios de una entidad certificadora independiente que lo valide".
El incremento de coste del proyecto, en relación a una reforestación convencional, oscila entre el 5 y el 10 por ciento, certificadora aparte.
Como resultado, los precios de la tonelada de CO2 varían enormemente, en función del clima, el tipo de vegetación elegida, el coste de la mano de obra, etcétera. Al final, la tonelada de dióxido de carbono forestal oscila entre los ocho y los 35 euros, mientras que en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión la tonelada ronda los cinco euros.
Además de esta desventaja económica, al mercado voluntario le ha pasado factura el exceso de Derechos que ha registrado el obligatorio: en 2012 se quedaron sin vender 30 millones de Derechos de origen forestal, con un valor de 236 millones de dólares.
Cuatro sellos acreditativos
El nuevo Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, está gestionado por la Oficina Española de Cambio Climático y cuenta con tres secciones:
a) Destinada a la huella de carbono de la organización y sus compromisos de reducción. Cualquier empresa que calcule su huella -sus emisiones de CO2- y aplique medidas para reducirla, puede inscribirse en esta sección, sin necesidad de hacer compensación. Será obligatorio para participar en la compra pública.
b) Para proyectos de absorción de CO2 en territorio nacional relacionados con el uso de la tierra y la silvicultura. Es decir, se destina a nuevos bosques susceptibles de compensar las emisiones de cualquier actividad productiva. Cada proyecto tendrá una duración de cinco años y los datos tendrán que aportarse nuevamente cuando venza ese plazo, suceda un percance, como un incendio, o cuando se cedan absorciones para compensar.
c) Donde se anotarán las compensaciones de la huella de carbono conseguidas gracias a los proyectos de absorción. No será obligatorio para participar en la compra pública.
Con la inscripción en el Registro se recibirá un sello acreditativo oficial diferente, en función de la sección o secciones en las que se figure.
