"El consumidor ruso es una víctima más del veto de Putin". Así de rotundo se mostró Lorenzo Ramos, secretario general de Upa (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) al referirse a la crítica situación por la que pasa el sector español tras la posible pérdida de los 572 millones de euros en exportaciones de productos agroalimentarios a Rusia, según estimaciones de esta asociación. Más noticias en la revista gratuita Gestión Empresarial
El sector sostiene cerca de un millón de puestos de trabajo -unos 600.000 directos-. Los 60 millones de euros de los fondos de ayuda ante el veto ruso no serán suficientes para paliar el daño a un sector que, según las cifras de la Comisión Europea, el año pasado, exportó productos a la antigua Unión Soviética por valor de 326 millones de euros; volumen que ha colocado a España en sexta posición entre los países más afectados por el embargo.
La situación de incertidumbre que impera desde la decisión tomada por el Kremlin, el pasado mes de agosto, y las limitaciones de acceso a las ayudas a las que más del 50% de los agricultores no podrán acceder por estar fuera de las organizaciones de productores, ha obligado al sector a buscar alternativas para "seguir subsistiendo".
Aunque en subsectores como el de la fruta evitar las pérdidas "sin recibir ayudas por parte de Europa es muy complicado", entre las soluciones que se barajan, la triangulación es una de las que está tomando mayor peso por parte de los pequeños agricultores, que ya buscan mercados plataforma para satisfacer la demanda "de productos de calidad" de los consumidores rusos. El norte de África es el área geográfica que, desde Upa, se perfila como escala natural: "Países no muy lejanos, que no pertenecen a la Unión Europea, como Marruecos, tienen la capacidad de sacar parte de la producción hacia Rusia", aunque tampoco se descarta el mercado latinoamericano "por el efecto temporada".
Intermediarios locales
Sin embargo, para triangular se necesita transportar la mercancía hasta el destino intermedio y allí establecer lazos con operadores comerciales locales de confianza que den salida al producto, lo que implica un incremento de los costes que "es muy difícil repercutir al precio final, por lo que los márgenes se verán mermados de forma considerable".
Por otra parte, y en contra de lo que se promulga en los círculos afines al sector hortofrutícola, la solución de transformar la producción en zumo o conservas "no es tan sencilla", apunta Lorenzo Ramos, ya que esta industria dispone de sus propias hectáreas de cultivo que destinan a la transformación: "Se podrán firmar algunos convenios, pero no se trata de perjudicar a la producción normal de las conservas".
Lo cierto es que sin tener por ciertas las alternativas, en comunidades como Aragón, las pérdidas en el sector se elevan cada día, cifrándose ya en 50 millones de euros, y desde Uaga (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón) califican la situación de "extrema": el 50% de la recolección de las 20.000 hectáreas en Aragón dedicadas a las frutas de hueso (nectarinas, melocotones y paraguayas) se destina al mercado ruso y hay 83 millones de kilos "que no han podido enviarse y que están en cámaras o se quedan en los campos", explica la entidad.
Ventas a resultas
Otra de las reclamaciones de los pequeños agricultores es el desajuste entre los precios de referencia publicados por el Ministerio y los precios reales de venta. Además de la caída semanal de entre cinco y siete céntimos desde la ejecución efectiva del veto, "los precios que marca Agricultura no tienen ningún vigor", se lamenta el secretario general de Upa: "Por ejemplo, en el caso de la ciruela se establece 0,32 céntimos y la realidad es que como mucho nos lo pagan a 0,20 céntimos". Una crisis de rentabilidad que, por otra parte, viene de antes del embargo, con la aprobación del sistema de ventas a resultas recogido en la Ley de la Cadena Alimentaria, y por el que el agricultor vende a precio ciego, es decir, no conoce cuánto va a cobrar por la mercancía hasta el momento de su entrega.
En lo que toca al empleo, el paro en el sector agrario ha crecido un 12% en términos interanuales, una caída que "será bastante superior al finalizar el año" por el impacto derivado del veto ruso y que afectará especialmente al colectivo de temporeros. Ante una situación de crisis, "lo que hace el autónomo agrario es apañarse. Si no hay recursos, no se puede contratar", explica el secretario general de Upa.
"Una hectárea de frutales supone 75 jornadas de un trabajador y los cultivos cuentan con siete hectáreas de media". Es decir que, con cada cosecha, se generan entre siete y nueve puestos de temporeros, de los que "dos o tres los cubrirán los agricultores doblando su jornada o recurriendo a sus familias".
Sector pesquero
El sector pesquero es otro de los que se está viendo doblemente afectado y busca salidas en mercados alternativos. La sombra rusa ya ha dejado pérdidas en el sector de entre 18 y 20 millones de euros. El director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), José Ramón Fuertes, explicó que el veto ruso se está cebando "en mayor medida" con el sector de altura y gran altura. En concreto, con la Notothenia, pescado blanco conocido como marujito.
Las cifras de exportación a Rusia superan las 15.000 toneladas al año, por lo que desde el sector lo introducen "en mercados internos de España" para paliar las consecuencias.
Un agravante a la incertidumbre que vivía ya el sector de las exportaciones pesqueras -desde abril de 2013- por el cierre fronterizo de la unión aduanera formada por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, por cuestiones de acreditación sanitaria, y que han llevado a Arvi a solicitar a la Administración la puesta en marcha de una serie de medidas como el apoyo para el almacenamiento de productos que no tienen salida al mercado.
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