El pasado martes 11 de febrero se desvelaban las incógnitas de la renovada Ley de Cámaras. Tras un largo periplo y la incorporación al texto de 58 de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios se dio luz verde al proyecto que, una vez pasado el trámite del Senado, obliga a la constitución de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España en un plazo máximo de tres meses. Es decir, el nuevo organismo debería empezar a funcionar antes de finalizar el mes de junio de este año.
El centro del debate parlamentario ha girado en torno a "materias esenciales" en las que, para los portavoces de las distintas formaciones, "no se ha avanzado lo suficiente". La principal, la económica. ¿Cómo se van a financiar las Cámaras a partir de la entrada en vigor de la Ley? El nuevo modelo permite gestionar fondos de la Unión Europea (UE) para la mejora de la competitividad empresarial, pero elimina las vías de financiación pública con las que el organismo contaba hasta ahora. El tijeretazo deberá ser compensado con los ingresos "ordinarios y extraordinarios" que se perciban por la prestación de servicios de promoción, asesoramiento, formación, mediación y arbitraje mercantil a autónomos y empresas. Rentas a las se sumarán las aportaciones voluntarias de las entidades que, según desarrolla el texto, "se destinarán preferentemente a la financiación del Plan Cameral de Internacionalización".
Grandes beneficiadas
Por otra parte, son varias las voces que afirman que serán las comunidades autónomas las grandes beneficiadas, ya que serán tutelantes de las Cámaras y dispondrán de las "más amplias facultades para poder definir la organización territorial y los órganos de gobierno". Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), alertó del riesgo de que "las Cámaras pueden intentar monopolizar todas las ayudas públicas dirigidas al emprendimiento y la internacionalización".
Otra de las polémicas cuestiones recogidas en el proyecto de Ley es la referida a la universalidad de la adscripción a las Cámaras. Tal y como se especifica en el texto, "las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales de servicios o navieras en todo el territorio nacional". El anacronismo fue calificado por Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, de "tendencia gremial sin ninguna razón ni ventaja". Los autónomos, por su parte, también han mostrado su desacuerdo en este punto y el secretario general de Upta califica esta decisión de "anti-liberal".
Reyna también se lamentó de que la petición de mayor representatividad del colectivo de autónomos en el Pleno y Comité de la supra Cámara sólo se haya atendido parcialmente. Del total de los seis vocales que se reclamaban, serán finalmente tres los que tendrán voz y voto en las reuniones plenarias y ejecutivas.
Exportación y competitividad
La estrategia de las nuevas Cámaras tendrá como hoja de ruta la mejora de la competitividad empresarial a través del comercio exterior. El Plan Cameral de Internacionalización deberá integrar actuaciones orientadas a formar a las empresas en la promoción de los productos Marca España, así como las iniciativas de impulso a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
Adelantándose a la entrada en vigor de la Ley, son varias las Cámaras que están poniendo en marcha programas de asesoramiento y formación en el ámbito de la internacionalización. Es el caso de la Cámara de Madrid, que a finales de enero lanzó el Plan Emprende: Exporta. La iniciativa pretende ayudar a 150 emprendedores a implantar su negocio en el exterior. Según fuentes del organismo, el programa cuenta con una dotación "cercana a 130.000 euros", y se financiará con recursos propios. "Hemos acudido a organismos autonómicos y locales y no han querido entrar", explican. También aportarán su granito de arena los emprendedores, que deberán abonar una cuota de 120 euros en la parte formativa y de 300 en la de diagnóstico. Precisamente este es el valor añadido del programa. Los expertos camerales en internacionalización emitirán un informe completo sobre la viabilidad internacional del proyecto propuesto por el emprendedor, al que en una tercera fase acompañarán a las reuniones que se produzcan en el país de destino.
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