El fraude le costó a España en 2013 más que el rescate a la banca: 50.000 millones de euros. Ésta es la estimación que realiza KPMG en base a los datos recogidos en el informe Perfil de un defraudador, presentado ayer en Madrid y que recoge los frutos de analizar más de 596 casos. Otra de las valoraciones llamativas es que, a nivel internacional, el fraude supone 2,6 billones de euros anuales, cerca del 5% del PIB mundial.
El principal enemigo de las empresas está en sus propias filas: el 61% de los defraudadores trabaja para la organización afectada y un 54% de ellos son directivos. Se trata de altos cargos que gozan de la confianza y del respeto de sus compañeros y que se sienten cómodos en su puesto. Sus motivaciones van desde la venganza hasta la avaricia, pasando por la presión por conseguir resultados o la preocupación por su economía doméstica.
Además, justifican ante sí mismos el acto delictivo: se dicen, por ejemplo, que no se les remunera adecuadamente. Por otra parte, suelen delinquir en colaboración con un cómplice.
Una de las principales conclusiones es que el hecho de ser de la casa no es garantía de lealtad: cuatro de cada diez empleados que cometieron fraude llevaban trabajando en la firma más de seis años. No es que entren en la empresa con la idea de cometer un delito, pero los cambios en sus circunstancias personales o profesionales pueden crear las condiciones idóneas para ello.
Los sectores más afectados
Respecto a los sectores en los que más casos se han detecado, son el financiero, el de las infraestructuras, el de las telecos y el energético. El primero de ellos, el bancario, fue el que registró el fraude más costoso: de media, ascendió a más de cinco millones de dólares (3,7 millones de euros) por infractor. En general, la crisis ha ido ampliando el abanico de actividades a las que afecta el problema.
"Lo desconcertante de los fraudes es que siempre están mutando, como el virus de la gripe", indica Ángel Requena, socio del área de Forensic de KPMG en España. El creciente uso de la tecnología hace que las empresas estén a punto de encontrarse con una nueva generación de defraudadores, con acceso a mucha más información que sus predecesores. Ello requiere, según señala el estudio de KPMG, que la evolución en la forma de responder a estas amenazas por parte de la empresa deba evolucionar más rápidamente.
En cuanto al tipo de delitos, en la mayoría de los casos se trata de apropiación indebida de activos. La malversación representa un 40 por ciento y el fraude en las compras el 27 por ciento. La siguiente infracción más habitual es la obtención de ingresos de activos mediante actividades ilegales.
En el 43 por ciento de los casos en los que el defraudador no actuaba solo, el impacto económico superó la cifra de 500.000 dólares (unos 370.000 euros). En el 18 por ciento de los casos supuso una cuantía total de entre 50.000 y 200.000 dólares ( entre 35.000 y 150.000 euros aproximadamente) y en el 16 por ciento de los fraudes analizados alcanzó la suma de los 5.000.000 dólares (unos 3.690.000 euros).
El 80% del fraude queda oculto