En la recta final del pasado 2012, los gobiernos autonómicos balear y catalán anunciaron la puesta en marcha de sendos gravámenes adicionales a los ya existentes y que han levantado ampollas entre el tridente que conforman la industria de la alimentación, la hostelería y la distribución.
El viernes 2 de noviembre del año pasado el gobierno regional de Baleares anunciaba las nuevas medidas fiscales que aún no ha tenido tiempo de poner en marcha pero que podrían entrar en vigor en el próximo mes de marzo. De esta manera, con el argumento de salvaguardar la protección del medio ambiente se ponían en el punto de mira de sus reformas impositivas los diferentes envases no retornables, aunque los principales afectados de hacerse efectiva la medida serán los comercios minoristas, dado que la medida caerá directamente sobre ellos y, en consecuencia, sobre los consumidores, que podrían experimentar un incremento del precio de algunos productos.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha abierto la puerta de su propia cruzada contra las bebidas azucaradas arguyendo una defensa de la salud pública socavada -dicen- por un uso incontrolado de este tipo de refrescos con alto contenido en azúcares. Las nuevas tasas permitirían ingresar al tándem CiU-ERC 22 millones de euros. Tomando como modelo el impuesto de nueva creación que quiso aplicar el francés François Hollande cuando estaba en el oposición y que abandonó cuando llegó al poder, según lo expuesto por el ejecutivo catalán la idea es gravar con un 0,075 euros el litro y con un 0,025 euros la lata de refrescos.
Pero donde los políticos ven -o aseguran ver- una defensa a ultranza del medio ambiente y de la salud pública, los representantes del sector ven una medida recaudatoria de emergencia en un momento en el que apremia recortar el déficit. Y es que no sólo se trata de las consecuencias negativas para las ventas del sector que estas nuevas medidas podrían ocasionar, sino que a medida que se escarba en el tema aparecen problemas como duplicidades sobre la misma base impositiva que parecen tener poco sustento legal.
La imposición, a debate
Con el fin de hacer patente la opinión del sector de la alimentación, la hostelería y la distribución, elEconomista organizó hace unos días una mesa redonda bajo la dirección técnica de Anfabra (Asociación de Bebidas Refrescantes). Con el título Incidencia de la presión fiscal en sectores clave de nuestra economía, el director de la revista Alimentación de elEconomista, Javier Romera, moderó un debate al que acudieron los máximos representantes de los intereses del sector: Fernando Amenedo, presidente de Anfabra; Josep Puxeu, director general de Anfabra; Emilio Gallego, secretario general de Fehr (Federación Española de Hostelería); Horacio González, director general de Fiab (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas); Eduardo Verdún, socio de Ernst & Young Abogados; e Ignacio García Magarzo, director general de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).
Una de las máximas más repetidas durante las dos horas que duró el encuentro fue que una pequeña variación en los precios puede suponer un alto riesgo en el mercado en cuestión. Emilio Gallego remarcó la necesidad de "analizar el impacto que esto puede tener". "Un euro arriba o abajo en un escaparate te puede echar fuera del mercado", señalaba Gallego en alusión a la sensibilidad de los turistas a la subida de precios, dado que "el 30 por ciento de ingresos en hostelería -en las Islas Baleares- es por turismo".
Se pretende "cuadrar las cuentas del sector público a costa del sector privado", aducía García Magarzo, "un sector que ha ajustado costes como ninguno para ofrecer precios como ninguno, y precisamente por ese esfuerzo se expone a una presión fiscal expuesta con excusas mediante una explicación totalmente laxa de los objetivos". En definitiva, para Magarzo no es sino una forma de "penalizar el esfuerzo competitivo ejemplar que está haciendo el sector", un ataque a "la línea de flotación".
Horacio González, que se refirió a su sector como "un yacimiento de creación de empleo", también defendía que las cuentas "deben cuadrarse con una reducción del gasto público, no con la subida de impuestos". Y Fernando Amenedo, en un ejercicio de pragmatismo, sentenciaba la primera ronda de intervenciones remarcando que "el efecto económico que lleva aparejado es más grave de lo que las Administraciones expresan. Un céntimo en un refresco con precio de 30 céntimos es una pasada".
En la misma línea, Verdún remarcó que sobre quien va a incidir el impuesto en caso de que finalmente el proyecto pasara a ser una realidad es sobre "los grandes fabricantes, que pueden trasladarlo al consumidor final, pero se ve complicado porque la imposición indirecta ya se ha incrementado tres puntos porcentuales", exponía el abogado, que además apuntaba la problemática especial de España ante una medida como la presente por ser "España un país especialmente sensible al consumo como motor de crecimiento".
Excusas recaudatorias
Pero si en algo hicieron hincapié con casi idéntico énfasis los representantes del sector fue en señalar que el argumento de la salvaguarda medioambiental y la protección de la salud del consumidor no son más que un sofisma en un intento de velar la voluntad recaudatoria.
"Nos culpabiliza, nos demoniza buscando una excusa que nos daña como industria. Se carga el principio de que no hay alimentos buenos y malos, sino dietas buenas y malas", discutía Amenedo, quien ilustraba su argumento con un ejemplo en tono jocoso sobre la posibilidad de que hiciera suya la dieta del medallista olímpico Michael Phelps y las nefastas consecuencias que esto traería para su salud. "Si el afán es recaudatorio, díganlo", sentenciaba.
Respecto a la protección del medio que supondría esta medida, la visión de la mesa redonda al respecto fue la misma: no solo se trata de una argucia falsa -o no del todo honesta- sino que supone un doble gravamen, dado que consideran estar ya pagando un porcentaje de sus ingresos en este concepto ecologista con los gravámenes de ecoembes y ecovidrio. Pero, además de señalar la injusticia de gravar un producto dos veces con un mismo objeto, incluso se señaló la peligrosidad de que la picaresca irrumpa ante los altos impuestos con los riesgos para la salud del consumidor que ello puede acarrear.
Magarzo, por su parte, también apuntaba como muestra del carácter meramente recaudatorio de las medidas, a las que también hizo referencia como "excusas, el hecho de que se "discriminen a unos frente a otros", cuando, además, "con el esfuerzo para gestionar envases se ha demostrado que se cumplen los objetivos europeos".
La base legal
Otra de las problemáticas que parece dejar sobre el tapete la futurible legislación es la potencial fricción entre autonomías y Gobierno central a la que ésta podría dar paso. El experto de la mesa en materia legal, Eduardo Verdún, remarcó taxativamente que "las comunidades autónomas no pueden formular impuestos sobre productos con imposiciones realizadas por el Estado". Pero también hizo alusión al hecho de que sea una medida de carácter regional: "Un impuesto local o autonómico que unos kilómetros más allá no se produzca admite una discusión jurídica de mucho detalle".
Puxeu afirmó que "el legislador no ha analizado. Ha dicho: necesito 'X' millones y los tengo que conseguir", mientras que Amenedo recalcaba que "la inseguridad que da la proliferación de normas autonómicas y su repercusión en el consumo es una realidad".
Por la vía impositiva al final se acaba alterando el marco regulatorio del sector completo, pero aún subyacen más espacios sin especificar, zonas de las nuevas normativas algo difusas que inquietan al sector en un momento difícil en que un paso en falso puede ser fatal. En la mesa incluso se comentó que este nuevo entramado legal que podría entrar dentro de poco en vigor tiene lo malo de la tasa, dado que hay que acabar pagándola, guste o no, pero no tiene la contraprestación positiva que pudiera otorgársele, como por ejemplo la construcción de parques verdes o campañas de concienciación contra la obesidad, dado las materias que nos ocupan.
Asimismo, Emilio Gallego destacó la peligrosidad potencial de esta medida en tanto que abre la puerta a todo tipo de veleidades si se entienden Cataluña y Baleares como una especie de prueba piloto de la norma de cara a una posible exportación legislativa a otras regiones españolas. "El riesgo más grave es que pueda extenderse más allá de Baleares o Cataluña. Primero se prueba en unas regiones y luego los grandes países y grandes legislaciones toman decisiones", explica Gallego. "Si no acotamos, la creatividad recaudatoria local puede ser enorme", suscribía Amenedo.
"Le pediría a las Administraciones que hablen claro, pero cuando se mete presión con un presupuesto...". Con esta sencilla interpelación a los ejecutivos catalán y balear se cerró un coloquio con los representantes de un sector considerado motor de la economía española, quienes ven su situación futura algo nublada.
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