El Congreso rechaza retrasar el pago del IVA hasta cobrar la factura

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La medida se enmarcaba en una proposición que también contemplaba el 'descuelgue salarial'

La morosidad y el retraso en el pago de las facturas sigue siendo uno de los principales problemas que aquejan a pymes y autónomos. Sin embargo, estos colectivos recibieron ayer un jarro de agua fría en el Congreso de los diputados, que rechazó dar vía libre a la proposición del Partido Popular de retrasar el pago del IVA hasta haber cobrado la factura pertinente, y que puedan compensar las deudas reconocidas por la administración general del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales con sus impuestos correspondientes.

El grupo popular llevó a votación esta medida, recogiendo así las demandas de las patronales de autónomos, para evitar que la morosidad se traduzca en cierres de negocios, ya que actualmente el 67 por ciento de las liquidaciones de microempresas está motivado por los impagos, esto es, las facturas emitidas por servicios y productos comercializados, pero que tienen una alta demora para ser cobradas.

Convenios colectivos

La medida fue rechazada, dentro de una moción para "estimular el consumo interno e impulsar las ventas del comercio minorista", que también recogía otras propuestas, tales como la reducción "permanente y sin condiciones" del 5 por ciento en el impuesto de Sociedades para toda empresa cuya cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros, o el denominado descuelgue salarial, por el que las pymes podrían realizan contrataciones por debajo de lo estipulado en los convenios colectivos mientras hubiera acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Un 20% menos en el IRPF

Una vez rechazada la propuesta de no pagar el IVA hasta que se cobren las facturas emitidas, el Congreso debatirá el próximo martes en sesión plenaria una nueva medida, a instancias del Partido Popular, para favorecer las condiciones fiscales de los autónomos. En este caso se trata de una proposición de ley que pretende hacer permanente la reducción del 20 por ciento en la tributación de los autónomos que facturen menos de cinco millones de euros al año que el Gobierno ya implantó para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

La proposición conlleva una reforma de su aplicación actual para no limitar la reducción al tamaño de la plantilla.

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