Las pymes y los trabajadores autónomos españoles cargan con 800 millones de euros anuales correspondientes por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas que aún no han llegado a cobrar debido al aumento de la morosidad e impagos, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En la actualidad, se debe ingresar a la Hacienda Pública el IVA de las facturas emitidas, independientemente de si las han cobrado o no.
Las únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que "conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria", o bien, transcurrido un año desde el impago, rectificar la factura impagada "con unos requisitos muy exigentes".
Retrasar el devengo
Por ello, los Técnicos de Hacienda proponen -en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado- modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro -total o parcial- de la factura.
El Consejo Europeo se pronunció sobre esta cuestión el pasado mes de julio mediante la aprobación de una Directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.
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