Unos 10.000 padrinos de la Fundación Intervida se han dado de baja desde que hace diez días se hicieron públicas las investigaciones preliminares que está llevando a cabo la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre esta ONG. Hasta la fecha, las bajas ascienden casi 10.000 personas, pero en las próximas semanas esperan que esa cifra "siga creciendo"
Según explicaron ayer a elEconomista directivos de la entidad, "unos mil socios" han llamado directamente a sus oficinas "para darse de baja, mientras que otros miles han optado directamente por dar orden a su banco para que no paguen la cuota mensual de 21 euros que abonan para apadrinar a un niño".
Antes de darse a conocer la investigación del fiscal, Intervida contaba con 356.198 socios que apadrinaban un total de 380.712 niños en 12 países con problemas de pobreza. Los padrinos de la Fundación Intervida pagan una cuota mensual de 12, 18 o 21 euros mensuales por lo que la ONG recaudó el año pasado unos 90 millones de euros.
El 87 por ciento de esta cantidad se envía a través de "ayudas monetarias" a las filiales que Intervida tiene en países como Guatemala, Perú, India, Mali y Filipinas donde se emplean en proyectos de desarrollo.
Atendiendo a los niños
"Cuando una persona deja de pagar el recibo, nosotros le damos de baja como padrino, pero seguimos atendiendo a los niños. La caída de ingresos afectará a nuestros proyectos de construcción de escuelas y otras infraestructuras, pero confiamos en poder mantener lo que ya tenemos en marcha", según los directivos.
La dirección de la Fundación Intervida critica duramente a la fiscalía catalana por la duración de la investigación. "La fiscal ya lleva cuatro años investigándonos y en ningún momento ha emitido algún tipo de denuncia o querella contra nosotros, lo que demuestra que no ha podido encontrar nada punible", explicaron fuentes de la ONG. El plazo de una investigación previa por parte de la fiscalía es de seis meses, "pero la fiscal ya ha pedido siete prórrogas", indicaron.
La fiscal del caso es Carmen Marín Aragón y esta semana se ha desplazado a Perú para tomar declaración a los empleados que Intervida tiene en ese país. "Nuestro problema es que como no hay acusación ninguna, tampoco podemos defendernos de nada, lo que nos deja en una situación de indefensión ante las filtraciones de las investigaciones que se han producido en las últimas dos semanas".
La fiscalía de Barcelona está investigando el traspaso de fondos por parte de Intervida a una serie de sociedades creadas por la ONG en Perú. La fundación traspasó varios millones de euros a estas compañías en las que figuran como administradores miembros de la dirección de la fundación. La fiscal intenta averiguar si tras realizar esos traspasos los directivos de Intervida se beneficiaron de los mismos.
Mayor garantía
Según fuentes de la dirección de la Fundación Intervida, crearon las sociedades "para poder acometer con mayor garantía" su objetivo fundacional: "Fomentar el desarrollo de la zona donde actuamos". Entre las sociedades destacan diversas constructoras, una promotora de vivienda social, dos empresas dedicadas a la importación y venta de medicamentos genéricos y una empresa de alimentación. La ley permite a las fundaciones crear sociedades siempre y cuando se destinen al cumplimiento de su objetivo fundacional.
"Las constructoras las constituimos para edificar en los plazo fijados las escuelas que ponemos en marcha y, debido al curso escolar, no podemos permitirnos retrasos en la entrega de las obras", explican. En cuanto a la promotora, Argenta Inmobiliaria, la sociedad "compró un solar por siete millones de dólares en 2002 para construir un barrio de 2.700 viviendas para personas pobres en la zona más degradada de Lima", indican.
El proyecto de construcción está paralizado por el ayuntamiento de la capital peruana "debido a la investigación que está llevando a cabo, por lo que tenemos una gran cantidad de dinero inmovilizado". Un informe de la oficina de la Interpol en Lima, realizado por requerimiento de la propia fiscal, corrobora que las sociedades están dedicadas a mejorar las condiciones de "personas en situación de extrema pobreza".
