
SANTANDER
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Cuando hay un frente común para luchar, hasta los enemigos pueden unirse. Algo así está ocurriendo en la inversión colectiva en España. Aunque las gestoras suelen competir cada día para atraer a los ahorradores, el sector se ha unido ahora -y no sólo las gestoras, sino otras asociaciones y organismos- para hacer frente a la postura del CESR sobre las comisiones pagadas a terceros en la venta de fondos, una práctica habitual en la inversión colectiva.
Desde España ha habido cinco respuestas al papel preliminar que publicó el Comité de Reguladores Europeos (CESR) en diciembre. La de Inverco, la asociación de los fondos, es quizá la más elocuente, ya que llega a decir que la posición del CESR coloca "bajo una presunción de culpabilidad a cualquier pago recibido por una firma de inversión de un tercero".
Bajo el punto de mira
El documento publicado por CESR busca evitar los conflictos de interés en la venta de fondos -en desarrollo de la normativa Mifid-y para ello se centra en las comisiones a terceras partes, que es cuando "una firma recibe (...) de una persona distinta al cliente un incentivo en relación a un servicio ofrecido al cliente, al margen de las comisiones estándares", según el supervisor.
El CESR quiere prohibir estás prácticas salvo si la entidad ha informado previamente al cliente y si estos incentivos mejoran la calidad del cliente y "no entorpecen la obligación de actuar en el interés optimo de éste". Según Inverco, el mero hecho de usar en esas excepciones "el adjetivo no prohibido en lugar de permitido al referirse a los incentivos demuestra este tratamiento" (negativo).
¿Peligra la competencia?
La posición de Santander (SAN.MC), la mayor gestora de fondos española, también es contundente. La entidad recuerda que las gestoras ya están reguladas por la directiva de fondos Ucits en la legislación europea y avisa al CESR de que si su "aproximación no se redefine tomando en cuenta el mercado, regulado según Ucits, podría poner en peligro la competencia en la venta de fondos".
Es decir, si se restringen los acuerdos de comercialización entre gestoras y distribuidoras, las firmas de inversión podrían optar por ofrecer sólo sus fondos a los clientes y no los de otras gestoras -lo que se conoce como arquitectura abierta-. Es decir, se lograría justo lo contrario de lo que pretende Bruselas. En Inverco confían en que el regulador cambie de opinión en un nuevo documento que se espera para el próximo mes de abril.
Atentos al borrador sobre Ucits
Mientras tanto, el mundo de los fondos vivirá pendiente de la página web de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, que hoy podría publicar el primer borrador para enmendar la mencionada directiva Ucits.
El objetivo es facilitar las fusiones entre fondos de diferentes países de la UE; simplificar los requisitos para comercializar un mismo fondo en diferentes países europeos; crear un pasaporte que autorice al gestor de un fondo a gestionarlo en otros Estados; impulsar la gestión común de activos de varios fondos y dar a los inversores información concisa y relevante sobre costes, riesgos y beneficios.
A la publicación del borrador de esta propuesta legislativa sucederá una consulta pública para que todos los grupos de interés puedan remitir sus comentarios a Bruselas antes de que ésta elabore una propuesta formal. El plazo de la consulta se extenderá hasta el 15 de junio, pero el 26 de abril se celebrará una gran conferencia pública.
La propuesta formal del ejecutivo comunitario será presentada a finales de año y entonces llegará el turno para que los Gobiernos de los 27 países de la UE y el Parlamento Europeo negocien su contenido definitivo y la adopten.