El Tribunal Supremo ha ratificado la multa de tres millones de euros que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) impuso en 2001 a Repsol por fijar los precios de los carburantes a sus gasolineras abanderadas. Sin embargo, como ya hiciera en su día Competencia, ha rechazado otros cargos contra la petrolera planteados desde las estaciones de servicio, como alargar en exceso los contratos de suministro.
En dos sentencias a las que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima los recursos de casación interpuestos por Repsol y por la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Andalucía contra sendos fallos de la Audiencia Nacional (ambos de 2007) que confirmaron la resolución del TDC (ahora Comisión Nacional de la Competencia).
La primera de las dos sentencias del Supremo, fechada el 17 de noviembre, rechaza "íntegramente" los cinco motivos de casación planteados por Repsol. El alto tribunal ratifica que los acuerdos suscritos por la compañía con las estaciones de servicio a los que alude este proceso no son "verdaderos" contratos de agencia, ya que los gestores de las gasolineras asumen "riesgos financieros y comerciales".
