El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado abierto a debatir e incluso retirar un punto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que suscitó críticas como es el establecimiento de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
Así lo aseguró ayer en el trascurso de su intervención en la apertura de la XXIX Asamblea General de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que se celebra en Burgos.
En cambio, sí se establecerá un cauce que acabe con el vacío legal existente sobre la ejecución de las sentencias condenatorias a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al imponer una interpretación del Convenio de Derechos Humanos.
