Si un país de la Unión Europea no respeta el ordenamiento jurídico de otro, ¿es su amigo? Pregunta pertinente en particular cuando se refiere a un acto que atenta contra la unidad de un Estado integrado en la UE. Cuando se acepta la entrada en la UE es porque se han superado los estándares necesarios en materia de derechos humanos y democracia.
Los jueces belgas y alemanes deberían haberse opuesto a la entrada de España en la UE si creen que el ordenamiento jurídico español no garantiza los derechos de los ciudadanos. Pero ningún órgano judicial belga, ni alemán, denunció la entrada de España.
Entre enemigos no hay ni relaciones diplomáticas ni fronteras abiertas. Todo lo contrario. El Estado español -del que el poder judicial es una parte- no puede permanecer indiferente a la postura de unos jueces, cuyas decisiones rezuman restos de antiespañolismo trasnochado propio de la época de la leyenda negra.
El Gobierno español en su defensa de su estabilidad como Estado miembro entiende que hay división de poderes y que el Gobierno belga o alemán no pueda, ni deba, influir en la decisión judicial. Pero eso no quiere decir que los considere amigos y compañeros dentro de la UE
¿Para qué estar con una estructura supranacional que no sólo no te defiende en temas tan claves como la unidad de tu nación, sino que en un momento crítico toma decisiones claramente en contra de esa unidad? La norma de la buena vecindad entre aliados es la ayuda mutua.
Los Gobiernos europeos no pueden ir contra las decisiones judiciales. Pero sí pueden hacer incómoda la estancia en su territorio a personas que puedan perturbar sus intereses y es perturbar sus intereses no ayudar a las buenas relaciones con el Gobierno de España. La legislación de refugiados políticos puede ser generosa. Sin embargo, los huidos de la justicia española no son refugiados políticos, son: huidos de la justicia.
Romper relaciones entre dos Estados miembros de la Unión Europea sería inusual y esperpéntico. Pero también lo es que una parte de un Estado de la UE, en este caso la justicia belga o alemana, ponga en solfa las decisiones judiciales de la otra en un tema tan delicado como la defensa de las leyes y la constitución de otro.
Leyes y Constitución que sirvieron precisamente para construir y ampliar esa Unión Europea.
Después de lo ocurrido la pregunta es: ¿para qué sirve la euroorden en casos de subversión del orden constitucional? Para nada. Al revés, para dar altavoz a unos secesionistas envalentonados. El juez Pablo Llarena se ha visto ninguneado por los abogados de los huidos y la credibilidad del sistema de justicia español está en entredicho.
Con amigos como estos, ya lo dice el castizo: ¿para qué quiero enemigos?
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