La debilidad de nuestras pymes es un tema recurrente. Tamaño, escasez de medios, exceso de normativa legal, fiscalidad, brecha digital... Una especie de mobbing institucional sobre nuestras empresas más pequeñas, cuyo caldo de cultivo es una cantidad ingente de legislación ambigua y contradictoria, que permite abusos por parte de los acosadores del patio empresarial.
Y sin embargo, nuestras pymes y autónomos -aplicando la vieja fórmula de trabajo, habilidad y constancia-, proporcionan empleo al 67% de los trabajadores españoles y aportan el 65% del PIB. Esto, bien las hace merecedoras de una protección adecuada. Permítanme una afirmación de Perogrullo: Todos esperamos cobrar por nuestro trabajo en plazo. Y si no sucede así, la ley debe actuar para solucionarlo. Es lo justo.
La Ley de Contratos del Sector Público acaba de entrar en vigor el pasado 9 de marzo. Y se ha ocupado de las pymes, mejorando su accesibilidad a la enorme tarta de la licitación pública y eliminando las arbitrariedades que permitían el alargamiento de los plazos de pago.
La nueva Ley ya no permite, por ejemplo, pactar plazos de pago distintos a los legales en ninguna circunstancia. Esto evitará el truco de pagar mediante pagarés o confirmings con plazos tan escandalosos como 240 días.
Otro aspecto clave es el hecho de que la Administración se otorgue a sí misma un plazo máximo de 30 días para la aprobación de certificaciones. Hasta el momento, algunas entidades públicas se permitían el lujo de periodos de 6 meses o más para certificar las facturas: otro abuso legal eliminado.
Falta la guinda
Estamos orgullosos del resultado final de la Ley de Contratación Pública. No obstante, su aprobación es solo una condición necesaria pero no suficiente para atajar la morosidad en nuestro país. Falta ponerle la guinda del pastel: sancionar el incumplimiento de la ley.
El momento es clave y no admite dilación: se encuentra en trámite parlamentario la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que incluye un régimen sancionador que castigue los incumplimientos de los plazos de pagos entre empresas y entre éstas y la Administración.
Los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para cerrar los temas pendientes, sin trucos, generando unas reglas del juego claras y justas. Es necesario para que el esfuerzo realizado en la Ley de Contratos del Sector Público, no caiga en saco roto y seamos capaces de asegurar que nuestras pymes cobrarán por su trabajo en plazo, sin avasallamientos por parte de los grandes malotes. Volviendo a Perogrullo: nuestras pymes lo necesitan para hacerse competitivas.
