El número 85, publicado el año 2016, de Presupuesto y Gasto Público trata monográficamente el tema del funcionamiento y eficiencia del gasto público en un conjunto de nueve valiosos artículos. ¿Por qué hay que considerar que esta cuestión no sólo merece la pena, sino que es una de las que conviene analizar a fondo en España porque es la raíz de más de un problema?
La cuestión se inicia cuando, en el siglo XX, comenzaron a llegar una serie de ideas que acabaron por tener consecuencias importantes. Podríamos centrarlas, no sólo en las aportaciones derivadas de algún modo de la línea heredomarxista de Sraffa, muy ligada a la postura de Gramsci, y en más de una ocasión mezcladas con tesis keynesianas -basta aludir a Joan Robinson en su An Essay on Marxian Economics (Macmillan 1942) y en ocasiones buscando exclusivamente enlaces con Keynes, como ocurrió, con claridad, en el caso del Libro Blanco de 1941, de Beveridge. Incluso vemos influencias clarísimas de ese tipo en la primera edición de la conocida obra de Samuelson, Economic. An Introductory analysis (1948), libro en el que nos encontramos, incluso, con pronósticos sobre el momento en el que el PIB soviético podría superar al norteamericano.
Por tanto, el famoso Estado de Bienestar, nacido en esa época, tenía por un lado, como se acaba de señalar, raíces keynesianas, pero también el deseo de mostrar a las poblaciones de los países aliados, muy afectadas por la contienda, sobre todo en Europa, que tras finalizar la II Guerra Mundial, les esperaba un maravilloso futuro. Téngase en cuenta que, precisamente en 1942, la propaganda del bando aliado hacía hincapié en que el mensaje básico alemán era el de mostrar una "economía para la guerra", con el fin de dominar el mundo, mientras que el mensaje del bando aliado era el de consolidar una economía capaz de crear un Estado de Bienestar, el cual exigiría multitud de ayudas por parte del sector público.
Pero también existió una notable reacción ante esta última propuesta. Por un lado, representantes de la Escuela Austriaca, que tenía exiliados en Inglaterra a economistas tan importantes como Hayek. Por otro, añadamos la muy crítica Escuela de Chicago, sobre todo ante derivaciones de tesis keynesianas partidarias de la ampliación del sector público. Pero también apareció una corriente, que consideraba que a éste le correspondía un papel importante en los planteamientos de la política económica, sobre todo para que se mantuviese la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Es lo que defendía, junto con una amplia libertad de mercado, la Escuela de Friburgo de Brisgovia, con personalidades tan destacadas como Eucken y Stackelberg, quienes se preparaban para asesorar, cuando triunfase, la conjura contra Hitler, y de la que informaba, a través de Canaris -ahora lo sabemos-, continuamente Stackelber, a Franco.
Esa tesis de que el mercado debería ser el triunfador, si es que se deseaba orientar acertadamente la actividad económica, era compartida, pues, por alemanes y norteamericanos entonces, pero ahora se ha universalizado. Basta repasar lo que se defiende en la Constitución española de 1978. Llega desde los japoneses a los chinos, y vemos que, incluso ahora, asoma la cabeza en Cuba y no se atreven, incluso, a cortar esas tesis en Venezuela. Y vinculada al Plan de Estabilización de 1959, repito que es la que tiene su asiento en la Constitución de 1978. Desde la Rusia de Putin a esa India en avance fortísimo, veo en The Economist que su tasa de desarrollo del PIB se encuentra en 2017 cerca del 7% inicia el camino que no puede de ningún modo abandonar España.
Por tanto, necesitamos una Administración que, entre otras cosas, abandone radicalmente la herencia de los viejos modelos (los de Cánovas-Cambó-Maura, los de la Dictadura de Primo de Rivera, los de la II República, y los de Larraz, Suanzes y Gual Villalbí o Arburúa, en los Gobiernos de Franco de 1939 a 1960). Poseían estos modelos raíces historicistas, que por cierto en España se ampliaron, más que con planteamientos marxianos o keynesianos, con ideología krausista por un lado, y por otro, con la denominada doctrina social de la Iglesia, sobre todo expuesta por Ángel Herrera. Naturalmente, todo eso ha dejado herencias importantes que poco a poco son estudiadas críticamente, pero que, en ocasiones, gozan de cierta popularidad. Pero la clave para nuestro desarrollo es plantear la manera de que ahorra existan escenarios fiscales y económicos que logren de modo continuo y eficaz los objetivos exigidos para que un país próspero del siglo XXI, sea cada vez más próspero. Y por eso, mensualmente, una publicación del Banco Mundial, al informar sobre las trabas administrativas que, sector por sector, existen en España respecto al funcionamiento de la economía de mercado, marca por donde se debe ir.
De ahí el interés que tiene el tomar como base para esa política precisa, el artículo de José Antonio Martínez Álvarez y diez economistas más, titulado Modelo de Evaluación del Desempeño en el Marco de la Planificación de Objetivos y Estratégica en las Administraciones Públicas. Publicado en Presupuesto y Gasto Público, en el citado número 85. Y en él se nos muestra, cómo herencias del pasado aún existen, y también se nos muestra cómo ha pasado a ser urgente la modificación radical de esa realidad perniciosa. Y es esto tan evidente como se comprueba que se escribe en ese artículo de Transcurridas casi dos décadas desde la aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage), ésta todavía tiene muchos objetivos que alcanzar.
Desde el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de julio de 1998 del Gobierno de Aznar, "son escasas las organizaciones estatales que han adoptado procedimientos formales y explícitos de evaluación de sus resultados, y actuaciones, ya sea globales o individuales, lo que no es ajeno a que el Gobierno haya decidido incorporar entre sus medidas, para la reforma de la Administración, la propuesta de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) en su informe de 2013", que esta debe consistir "en la implantación de modelos normalizados de objetivos e indicadores, así como de métodos de medición del tiempo empleado en la tramitación de expedientes y de evaluación comparativa de la actividad en aquellas unidades que lo permitan". Así fue como el legislador parece haber vuelto sobre la materia "a través de la imposición del deber general de publicar los planes de objetivos y la evaluación de los resultados obtenidos por las organizaciones públicas".
En España todo eso se complica por el papel creciente que tienen las autonomías, que al actuar, como consecuencia de los resultados electorales, de modo básicamente dispar unas de otras, crean roturas muy serias del mercado interior español. Los economistas todos sabemos, porque lo señaló de modo perfecto Adam Smith, que sólo ante un gran mercado se pueden originar las ventajas de una amplia división del trabajo, y esto es precisamente la base para tener alta competitividad y poseer, asimismo, alta productividad. Precisamente la publicación del Banco Mundial, Doing Business en España 2015, muestra las diferencias de las diversas zonas autonómicas, en relación con las facilidades o dificultades para la apertura de empresas.
En el análisis de las realidades autonómicas por sectores productivos, las diferencias son más fuertes. Añadamos a esto que aparece una situación, muy brillantemente expuesta por el profesor Lagares en el artículo La protección empresarial de la Hacienda Pública. ¿Un Derecho foral de tres velocidades?, que lo complica todo en relación con los planteamientos adecuados respecto a los concretos ámbitos fiscales, teniendo en cuenta, además, que a pesar de la rectificación de Andorra, la realidad de Gibraltar permanece, y no concluyen ahí los problemas políticos, debido a las situaciones forales del País Vasco y Navarra, y de la, por otra parte lógica, realidad de Canarias, Ceuta y Melilla. Es necesario aludir, además, a que existen, aparte de las privadas y las públicas, otras empresas. Estas van, desde las sociedades anónimas laborales, a las cooperativas y algunos otros tipos de entidades. Y ¿qué decir de las tesis de que se mejorarían muchos problemas con ampliaciones del gasto público? Y de ahí, en este momento en España, ¿no estamos pendientes de una reforma fiscal, esa que se atisba, por ejemplo, en textos y declaraciones del profesor Lagares? Y a ello hay que añadir el papel especial que tienen las instituciones del Sector Público vinculadas con el Estado de Bienestar. Ahí basta señalar que España, en gran parte gracias a ellas, en los Informes sobre Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el Pnud, se encuentra en un puesto alto dentro del grupo de los países que tienen "desarrollo humano alto".
Y voluntariamente he dejado aparte lo que significan instituciones, de tipo muy variado, relacionadas con la Defensa. Por ejemplo, ¿conviene tener en cuenta el artículo de cómo España se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de material de Defensa, del profesor García Alonso, sobre la construcción de armamento, terreno en el cual España es exportador muy importante? Y, sobre todo, el enlace con las tesis de la profesora Mazzucato.
Una economía libre de mercado no puede, por lo tanto, dejar de luchar para tener un muy eficaz sector público. Carece de sentido pensar otra cosa.
