Aún no ha llegado el invierno pero ya tenemos a una víctima reciente de la pobreza energética en España. Esa mujer de Reus que hace solo unos días moría en su domicilio tras habérsele cortado el suministro eléctrico. Casi todas las formas de morir son tristes, pero ésta es seguramente de las que se lleva la palma.
Al recién estrenado ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, le estalla en la cara un problema que vuelve de forma recurrente cada año, ante la ausencia sostenida de un plan real para afrontarla. Especialmente con la crisis económica que hemos sufrido en España en los últimos años y que ha contribuido notoriamente a aumentar la desigualdad en la distribución de la riqueza.
Los más desfavorecidos sufren ahora más pobreza energética que en 2007, en parte porque el sector más vulnerable de la sociedad es ahora un poco más pobre que antes, en parte porque la factura eléctrica del hogar medio en España se incrementó un 76% en el periodo comprendido entre 2007 y 2014 (según datos de Eurostat).
¿Una pobreza silenciosa?
La pobreza energética sigue siendo una pobreza silenciosa, y seguramente silenciada, que no se ve en las calles ni regularmente en los medios. Rebota en nuestros oídos cada vez que se produce un accidente como el vivido en Reus el pasado día 14. Pero la realidad es que no estamos ante fenómenos aislados.
Este tipo de pobreza afecta a nada menos que a cinco millones de personas de acuerdo a los últimos datos publicados por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Y es que el fenómeno de la pobreza energética ha protagonizado un efecto rebote en la acomodada Europa, con lo que está pasando a ser un área de intervención social casi ineludible.
Seguramente el actual Gobierno no podrá seguir esquivando durante mucho más tiempo un asunto que ahora mismo trae de cabeza a la Generalitat Catalana, a Gas Natural y a las redes sociales. Hasta ahora parece que no ha sido un tema prioritario, así que la administración central lo ha derivado a la autonómica y local, quienes lo han manejado de la mejor forma que han podido. Unas con más éxito y recursos que otras, que aquí también existen desigualdades.
Paradójicamente Cataluña era la comunidad más avanzada a la hora de proteger a los más desfavorecidos en cuanto a consumo energético y contaba con un protocolo que obviamente no se siguió en el caso particular de Rosa.
El ejecutivo aún no se ha preocupado ni de definir oficialmente qué es eso de la pobreza energética, ni de identificar a los más vulnerables en este sentido. La inexistencia de un marco de desarrollo legal ha propiciado que ni siquiera se tenga muy clara la magnitud del problema.
La ACA utiliza hasta ocho medidores de vulnerabilidad energética con resultados y matices muy variables. Todos ellos relacionan el consumo energético con la renta y algunos también con los gastos medios en energía para el total de hogares españoles, siendo generalmente más fiables estos últimos. Con ello la horquilla de hogares afectados por la pobreza energética oscila entre un 6,43% del total de acuerdo a uno de los criterios y el 24,31% de acuerdo a otro. ¿Cuál es el criterio "bueno"? Pues llegados a este punto será el que diga la ley, con eso nos conformamos.
Lo que es seguro es que el tratamiento actual del problema es del todo insuficiente. La única estrategia que se ha seguido hasta ahora para abordar esta problemática ha sido la del llamado bono social. Esta ayuda solo subvenciona el consumo eléctrico, y se olvida de otros relevantes para poder mantener la calefacción encendida como el gas natural, gas licuado o combustibles.
Pero lo más curioso es que este bono llega a gente que no lo precisa y no llega a mucha otra que lo necesita como el comer. Se ha utilizado el criterio aislado de la renta per cápita de la unidad familiar para determinar quién puede solicitarlo cuando los estudios evidencian que este no define en sí mismo la pobreza energética. Una visión simplista que precisa readaptarse a los nuevos tiempos y al contexto en el que vivimos.
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