Un año más el fin de la temporada turística ha supuesto un leve parón en nuestro mercado de trabajo, si el mes de agosto ya supuso una pérdida de 144.000 afiliados a la seguridad social y más de 14.000 nuevos parados, el mes de septiembre ha supuesto una leve mejoría en el número de cotizantes, con 12.000 nuevas incorporaciones, dejando el número final en 17,7 millones.
Según los datos conocidos en el día de ayer, el número de nuevas personas inscritas en el Sepe asciende a 3.700.000 de desempleados.
La agricultura y la educación fundamentalmente han sido los motores del empleo en este mes, además de la construcción y la Industria que han mantenido el tipo.
En cualquier caso, con estos datos se demuestra una vez más que el crecimiento económico sostenible y estable en España es una utopía. Con una economía basada en los servicios, y más concretamente en la hostelería y el comercio como único revulsivo, el mercado laboral vive instalado en una continua volatilidad (cada final de mes, se destruyen cientos de miles de contratos como ya pasó en agosto y ha vuelto a pasar en septiembre, para volver a recuperar muchos de ellos el primer día del mes).
Además y aunque el efecto está siendo mucho menor del esperado, el espectáculo constante que está dando nuestra clase política, nos resta credibilidad internacional que afecta a las inversiones, a las infraestructuras y por supuesto a la creación de empleo.
En cualquier caso, mientras seamos capaces de mantener el crecimiento del PIB en torno al 3%, la creación de empleo continuará a unos niveles satisfactorios. El problema, es que casi todos los estudios, indican que durante el 2017 el crecimiento se quedará ligeramente por debajo de 2,5% y en el 2018 bajará hasta el 2%. Esto hace que o pensamos en estímulos adicionales o corremos el riesgo de entrar en una fase de decrecimiento de la economía con un nivel de desempleo que rondaría en el mejor de los casos el 18%.
Quizá, cuando llegue este momento el porcentaje de desempleados porcentualmente se maquille con un descenso de la población activa, fundamentalmente debido por un lado a la tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y, por otro, al continuo envejecimiento de la población activa. Y si esto se cumple, ¿quién pagará las pensiones?
A pesar de la situación del déficit, hace unos días un informe del Consejo Económico y Social, ponía de manifiesto la necesidad de apostar por la puesta en marcha de un plan de infraestructuras estratégicas (se podría pactar con Bruselas excluir esta partida a la hora de aplicar el protocolo de déficit) como medida extraordinaria para crear empleo de forma rápida y masiva.
Debemos resaltar que la inversión pública en infraestructuras pasó del 4,6 del PIB en 2007, al 2,1% el año pasado y como es evidente, detrás de este recorte, se encuentran miles de puestos de trabajo destruidos (más de 2,5 millones perdió el sector desde que empezó la crisis).
Está claro que actualmente la construcción no ocupa todavía el peso que le corresponde dentro de nuestro tejido productivo y, sin duda, empezar por las infraestructuras podría ser una buena punta de lanza. Esta apuesta supondría un aumento de ingresos por el IVA y por la importante creación de empleo que conllevaría.
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