Para PP/C?s corrupción implica enriquecimiento, propio o ajeno, o financiación ilegal de partidos; es lo acordado para seguir las negociaciones cara a la investidura. O sea que, como dijo el Conde de Romanones, sempiterno cacique alcarreño de la restauración: "haga Usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos".
Las diferencias no están en los principios, en que todos están de acuerdo, sino en su aplicación concreta; la letra pequeña de los contratos de seguros. Por una parte es razonable: no es lo mismo llenarse el bolsillo a costa del erario público que una presunta ilegalidad por desconocimiento o precipitación.
Por otra parte, tampoco se condena a nadie cuando se pide que deje su puesto; se trata de dar ejemplo a la ciudadanía. Si la cuestión es dilucidar si ha habido lucro es una cosa; si el tema es si los cargos públicos deben ser intachables, otra; porque como dijo el emperador: "la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino además parecerlo". ¿Por qué decantarse? En Inglaterra dimiten ministros por declarar que su esposa conducía el coche, cuando era él; todo para evitar que le quiten puntos del carnet.
En resumen, no se trata sólo de normas, sino de ser conscientes que el servicio público exige tanto actuación ética, como estética. A veces lo prudente, incluso con la convicción personal de inocencia, es la dimisión porque, hasta que se aclare la situación, la ciudadanía recibe un mensaje contradictorio cuando se entra en el foco mediático.
Por otra parte el investigado, retirado del cargo, deja de tener la presión y recupera vida privada; porque como dice la maldición gitana: "tengas pleitos y los ganes". También hay que añadir que si la admisión a trámite por parte de los jueces de querellas de origen político fuera muy rigurosa se reduciría la posible injusticia de pedir dimisiones por pasar a investigado. La cuestión: ¿se trata de dilucidar culpabilidad o dar ejemplo a la ciudadanía?
