El corrupto y económicamente insostenible modelo territorial, es decir, el Estado de las autonomías, y sus negativos efectos en forma de deuda y déficit no es el único hándicap al que tiene que enfrentarse España en las próximas décadas.
Porque existen otros enormes problemas añadidos, tales como el cambio demográfico, un fenómeno al que podríamos identificar igualmente con el término de 'involución poblacional'.
De hecho, la tendencia al envejecimiento se acentúa progresivamente, afectando a un porcentaje cada vez más amplio de la población española (y en igual medida ocurre en otros países occidentales) e independientemente que se haya estancado la progresión de nuestra altísima esperanza de vida. Todo ello, a la vez que se reduce la tasa de natalidad también de forma progresiva.
Así lo reflejan los últimos datos que al respecto muestra el INE. Los mismos reflejan un déficit en relación al denominado "relevo generacional", debido al crecimiento de los fallecimientos y a la caída de los nacimientos hasta tal punto que en 2015 el número de fallecimientos ha superado al de nacimientos en nuestro país.
Los gobiernos penalizan a las familias
Estudiar las causas que han provocado este anómalo entorno demográfico es un ejercicio necesario, sobre todo para intentar que el mismo no se convierta en un problema con vocación de permanencia ni se reproduzca en el futuro.
Puesto que el cambio demográfico es un proceso que se ha puesto en marcha principalmente debido a la confluencia de una serie de factores: desprotección de la familia a nivel gubernamental, falta de ayudas e incentivos a la maternidad, incremento considerable del número de abortos, reducción del número de mujeres en edad fértil, aumento de la edad media de la maternidad, crisis económica, menor flujo de inmigración, mayor número de emigraciones, etc.
No obstante, más relevante aún es analizar las posibles consecuencias que podría acarrear el citado cambio demográfico al objeto de intentar prevenir o paliar los efectos de las mismas en el corto y medio plazo.
En este sentido, el gasto en pensiones avanza imparablemente, tanto es así que la Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 8.491,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,08% más que en el mismo mes de 2015, según datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
¿Se disparará el gasto público en salud?
Y relacionado con la posible insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, otro demoledor efecto que el cambio demográfico podría producir es el relativo a un desequilibrio en las cuentas públicas todavía mayor que el que actualmente padece España. Este descuadre financiero vendría determinado por la necesidad de incrementar enormemente el gasto público en el área social-sanitaria, lo que probablemente podría provocar una ralentización del crecimiento de nuestra economía.
En consecuencia, una economía tan endeudada y deficitaria como la española, combinada tanto con un exiguo crecimiento del PIB (o incluso un estancamiento económico) como con un notable incremento del gasto público en materia de pensiones, dependencia, etc., conformaría un cóctel difícil de digerir.
Grandes reformas para salvar a España
La única solución que tiene España en relación con lo anteriormente expuesto es acometer, de modo interconectado y urgente, multitud de grandes reformas económico políticas que deberían afectar al injusto modelo de financiación autonómico (porque casi ningún partido apuesta por abolir las autonomías), al casi quebrado sistema de pensiones, al desfasado modelo fiscal, a la última reforma laboral (dotándola de mayor flexiseguridad), a los fracasados servicios públicos de empleo, a las olvidadas políticas de protección familiar, etc.
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