El Servicio Público de Empleo (SEPE), que sustituyó al antiguo INEM, es una institución dependiente del Ministerio de Empleo que cumple con acreditada eficacia las funciones relativas a la gestión, tramitación y pago de las prestaciones a los desempleados. Pero, por el contrario, el citado organismo es incapaz de ayudar a los parados a encontrar un empleo.
Recordemos que según muestran los datos de la EPA, solo el 2%, aproximadamente, de los desempleados que se incorporaron al mercado laboral en 2015 consiguieron su empleo a través del SEPE.
Por tanto, el balance del SEPE al respecto es negativo, sobre todo si lo comparamos con el de las Empresas de Trabajo Temporal, que elevan su porcentaje de éxito al 17%.
¿Buscar trabajo a través del SEPE?
El resto de las colocaciones laborales que se registraron en España en 2015, en torno al 80%, fueron posibles mediante las gestiones desarrolladas por los propios parados. Esta radiografía laboral demuestra que la mayor parte de las contrataciones son realizadas directamente por las empresas (o a través de consultoras de selección, headhunters, portales de empleo, Linkedin, contactos relacionales, referencias profesionales, etc.).
Todo ello, supone otra prueba más que demuestra la ineficiencia operativa y el sobredimensionamiento estructural de nuestra Administración. Máxime, considerando que la partida presupuestaria destinada al SEPE para el año 2016 ronda los 25.000 millones de euros.
Transferencias autonómicas: administraciones duplicadas, descoordinación de funciones y descontrol de fondos públicos.
Uno de los mayores hándicaps del actual modelo viene derivado de las transferencias de las Políticas Activas de Empleo a las CC.AA., que las desarrollan por mediación de sus propios servicios regionales de empleo, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Andalucía.
En este sentido, los ciudadanos no logran diferenciar el SEPE de los servicios de empleo de las CCAA: El SEPE es el organismo nacional donde se solicita la prestación o el subsidio de desempleo y el encargado de desarrollar las 'Políticas Pasivas de Empleo'. Y los servicios de empleo de las autonomías son administraciones regionales en las que se solicita el alta de demandante de empleo y las encargadas de gestionar las 'Políticas Activas de Empleo' (formación-talleres de empleo, prácticas en empresas, orientación laboral, intermediación laboral entre desempleados y empresarios, etc.).
Otro problema relacionado con el anterior es el relativo a la descoordinación existente entre las políticas activas y pasivas de empleo, al estar gestionadas por administraciones diferentes y, a la vez, duplicadas. Porque el SEPE y los servicios autonómicos de empleo deben notificarse mutuamente las ofertas de empleo rechazadas, las demandas de empleo que "caen en baja", los tipos de prestaciones que deben cobrar los ciudadanos, etc. Y este constante flujo de desinformación, en muchas ocasiones y a pesar de encontrarnos en la era de la tecnología, deriva en graves errores de comunicación que afectan negativamente al funcionamiento y la calidad de este servicio público.
El corrupto modelo 'político clientelar'
Pero el descontrol administrativo y gerencial no acaba aquí, puesto que los servicios de empleo de algunas autonomías redistribuyen sus funciones, de modo subvencionado y vía outsourcing. Concretamente, en Andalucía determinadas ONGs, fundaciones, asociaciones, etc., se encargan de desarrollar gran parte de las políticas activas de empleo en la región, tales como la orientación laboral, los programas de prácticas en empresas y las acciones experimentales para el empleo. De esta manera, el ciudadano debe dirigirse a estas organizaciones subcontratadas, en este caso por la Junta de Andalucía, para recibir los citados servicios.
Igualmente, en esta política clientelar, indefinida y múltiple distribución de competencias también entran en juego otros actores:
- Los ayuntamientos, que son el principal beneficiario de los programas de escuelas-talleres, casas de oficios y talleres de empleo (ETCOTE), y en ocasiones gestionan programas de orientación laboral.
- Las agencias privadas de colocación, que actualmente tienen un acuerdo con el SEPE para gestionar las políticas activas de empleo.
- Las cámaras de comercio, que gestionan el Programa de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo, enfocado en mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años.
En general, la nefasta gestión de las comunidades autónomas desde que se transfirieron las competencias en materia de empleo ha entorpecido la creación de puestos de trabajo. De hecho y volviendo al ejemplo de Andalucía, en esta región, debido al "fraude de la formación" promovido por la Junta y los sindicatos, prácticamente no se imparten cursos, talleres de empleo, programas experimentales, etc., desde hace varios años.
Y, además, en la autonomía andaluza se han recortado relevantemente los fondos destinados a potenciar las políticas activas de empleo, mientras que se han recolocado a "empleados públicos enchufados" provenientes de fundaciones antiguamente subvencionadas por la Junta.
¿Reforma o devolución de transferencias?
La positiva reforma de los servicios públicos de empleo, llevada a cabo por el último Gobierno, está encaminada a aumentar el hasta ahora deficiente control sobre los fondos públicos que gestionan estos organismos autonómicos y ligar la percepción de tales fondos a la consecución de los objetivos de empleo.
No obstante, únicamente una reforma que obligara a las autonomías a devolver las competencias transferidas en esta materia permitiría ahorrar dinero a la Administración y, paralelamente, facilitaría el camino hacia el mercado laboral a los demandantes de empleo.
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