El debate sobre el autoconsumo está alcanzando unos niveles de crispación impropios de una sociedad moderna y ajenos a un sector tan serio y políticamente correcto como el energético. Además esa tensión impide ver la cuestión con la objetividad necesaria para alcanzar un equilibrio que deje satisfechas a todas las partes enfrentadas.
El debate ya nació torcido. Al poco de empezarse a hablar de la proximidad de la rentabilidad de la generación aneja al consumo -hará unos cinco años-, Iberdrola apuntó acertadamente la clave del asunto: la configuración de las tarifas eléctricas y el modo en que reparten los costes del sistema eléctrico entre los consumidores. El problema fue que, como resultado de esa mala configuración, se dijo que los autoconsumidores serían "insolidarios" con los consumidores normales, al no pagar parte de los costes fijos del sistema.
Como puede imaginarse, se levantó un importante revuelo, se asumió que el calificativo no había sido afortunado y se pidieron disculpas, pero el daño estaba hecho.
Pasó el tiempo y la tardanza en aprobar el marco regulatorio -se hizo sólo cuando se constató que el autoconsumo estaba desarrollándose descontroladamente por culpa del vacío normativo- no hizo otra cosa que calentar los ánimos. Y cuando llegó la regulación, el ya famoso Real Decreto 900/2015, el debate, encendido a esas alturas, se centró en el mal llamado impuesto al sol -no es un gravamen, sino un peaje-, es decir, la obligación de pagar al sistema por cada uno de los kWh autogenerados.
La complejidad de la materia, el larguísimo período electoral -arrancó el 24 de enero de 2014, con la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas, y aún no ha terminado-, el conflicto económico entre generación distribuida y generación centralizada, y el inevitable enfado de los consumidores con los precios energéticos, han propicidado que la tensión siguiera incrementándose. Hoy por hoy, todos los partidos políticos, menos el PP, se han comprometido a modificar el actual marco regulatorio.
El último episodio lo ha protagonizado Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, que ha tachado a los autoconsumidores de "depredadores" de los consumidores normales. Aparte de lo innecesario del insulto, más de uno ha debido de acordarse de Adam Smith al escucharle, porque la economía clásica indica que cada cual debe buscar su propio beneficio y que el mercado ya se encarga de convertirlo en beneficio común.
Sea como sea, el problema del autoconsumo, la insolidaridad y la depredación, está en la configuración de las tarifas y en cómo se reparten los costes entre los consumidores.
Más allá del debate sobre qué cosas han de incluirse en el recibo de la luz y qué en los presupuestos del Estado, las tarifas eléctricas recogen dos tipos de costes: peajes, relativos a las redes, y cargos, referidos a otras partidas, como los intereses del déficit de tarifa o la solidaridad territorial, que exige que la luz tenga el mismo precio en toda España.
El caso es que existe una metodología elaborada por la CNMC para la consignación de los peajes a los consumidores en función del nivel de tensión al que se enganchen a las redes: cuanto más alta, menos se paga. Sin embargo, el Gobierno decidió hacer caso omiso de ella y reparte los costes a su gusto.
Y en le caso de los cargos, ni siquiera existe tal metodología, por lo que el Gobierno puede hacer y deshacer a su antojo sin que se le saquen los colores.
A ello hay que sumar que los peajes y cargos se asignan a la parte fija o a la parte variable del recibo -de ahí sale el pago por autogenerar- también sin aplicar metodología alguna.
Por lo tanto, el maremagnum alrededor del autoconsumo y el impuesto al sol no es sino el reflejo de un deficiente diseño del mercado. Y conviene recordar que la tarea del regulador es, precisamente, diseñar un mercado que funcione correctamente, no demonizar a los agentes que quieren participar en él.
