Desgraciadamente, el recorte de la inversión pública en sanidad poco a poco deja de ser noticia. Entre los años 2009 y 2013 España, junto a Grecia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal, fue uno de los países en los que más se redujo esta partida, hasta un 1,7 por ciento, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los profesionales sanitarios y el precio de los medicamentos han sido dos de las áreas más afectadas por esta política de ajuste, pero no las únicas. Infraestructuras, equipamientos o investigación también han visto cómo disminuían drásticamente su presupuesto.
En el camino nos encontramos con paradojas como que la factura de los hospitales en medicamentos ha crecido 28,7 por ciento y supera los 8.300 millones de euros, a tenor de los datos proporcionados por la consultora IMS Health. Si bien este incremento puede estar auspiciado, en parte, por la irrupción en el mercado de nuevos fármacos destinados al tratamiento de la hepatitis C o dirigidos al área de oncología, es evidente que todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar el control de costes en la gestión de la farmacia hospitalaria.
Buena prueba de ello es que el propio Sistema Nacional de Salud reconocía ya en 2011 que los errores en este campo supusieron para las arcas públicas un gasto de 1.779 millones de euros. Unos errores de medicación que se registran, además, en procesos claves.
Así, en torno al 40% de las incidencias se produce en la prescripción; le sigue los fallos derivados del proceso de administración con un 25%; la incorrecta manipulación del medicamento con un 22% y, por último, las inexactitudes a la hora de transcribir la receta con un 13%.
El desajuste podría evitarse mejorando el control y las garantías de todos y cada uno de los procesos mencionados a través de sistemas basados en la trazabilidad. Estos permiten la total personalización y adaptación de la prescripción y administración de medicamentos a cada paciente, lo que redunda en mayor eficiencia y en un considerable ahorro.
A priori, puede parecer que llevar a cabo esta iniciativa es algo complejo y más aun teniendo en cuenta la configuración de las competencias en materia de sanidad en España. Pero la tecnología se ha convertido en un aliado de primer nivel y ofrece soluciones capaces de llevar un control exhaustivo de los procesos, aplicando soluciones de análisis basadas en el big data o introduciendo avances muy útiles, como el control por voz o el etiquetado de medicamentos automatizado.
Es sorprendente que la trazabilidad sea un elemento indispensable para otras áreas y que en ésta, tan crítica y con tanto alcance para la población, constituya todavía una asignatura pendiente. Nuestra sanidad cuenta además con unos excelentes profesionales que deben disponer de las mejores herramientas para desarrollar su trabajo en condiciones óptimas.
De su trascendencia para la gestión sanitaria ya son conscientes en otros países. De hecho, la Administración de Barak Obama cuenta con un plan estratégico cuyo objetivo es introducir antes de 2020 un sistema de trazabilidad que mejore la eficiencia de la farmacia hospitalaria en el país.
En estos momentos de incertidumbre política, parece que es una quimera pensar que el gobierno español pueda tomar cartas en el asunto. Sin embargo, la sanidad pública, tan admirada fuera de nuestras fronteras hace años y ahora caballo de batalla debido a la crisis, no debe dejar de ser un asunto prioritario en la agenda política. Frente a los recortes en sanidad, tendríamos que apostar por la eficiencia. Ante la falta de recursos, impulsar la innovación. ¿Serán capaces nuestros nuevos políticos de tomar cartas en el asunto?
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