Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y, en el caso de Cataluña, a poco que el Gobierno se esfuerce en usar los instrumentos que pone a su servicio el Estado de Derecho, puede hacerlo realidad. Durante lustros, los nacionalistas se han crecido gracias a su poder para dar mayorías en el Parlamento. No ha sido altruista. Tampoco escondía su voto el sentido de Estado que muchos querían ver.
Han demandado una cesión continua de competencias y fondos públicos con el único fin de reforzar su posición en el territorio en que gobiernan, un trasvase permanente que ha alimentado de forma insana su ansia de poder. El agravio que han sentido ante los privilegios de País Vasco y Navarra ha hecho el resto. Y, ahora, cuando ya no hay más que dar, han echado el órdago.
El problema no son ellos. Artur Mas no ha ocultado nunca su intención. Ha sido la ceguera de los grandes partidos la que le ha permitido llegar aquí. Creyeron que era sólo cuestión de dinero, que con satisfacer sus carencias el asunto estaría resuelto. Craso error. Han topado con su visionaria estrategia, quiere pasar a la historia. A cambio, ha provocado el hartazgo de la mayoría de españoles, cansados de ver cómo su dinero se dilapida en regalías cuando a ellos no les da para llegar a fin de mes.
El exceso de unos y la necia generosidad de otros ha abonado el terreno para que los ciudadanos no sólo acepten, sino que aplaudan, las políticas que conduzcan a ordenar el modelo de Estado y pongan fin al chantaje permanente: una financiación que asegure la igualdad de todos los ciudadanos, una alta inspección que garantice la enseñanza en el idioma común, el cumplimiento de las sentencias judiciales y el libre movimiento de trabajadores en todo el territorio nacional. Ha llegado el momento. Los nacionalistas lo han puesto en bandeja y, esta vez, el Gobierno no lo puede dejar pasar.
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