Han adulterado los precios de la leche, los de los combustibles, los de los servicios de basuras. Han adulterado los precios de los suministros de Renfe, los de los prefabricados de hormigón y parece que hasta los de los cementos.
En poco más de un mes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho públicas sanciones millonarias a empresas tan relevantes y algunas tan 'Marca España' como Repsol, Cepsa, Galp, Danone, Puleva, Pascual, FCC, ACS, Ferrovial o Sacyr (a ellas o filiales suyas en algunos casos).
De camino, nos enteramos de que la CNMC, que es un organismo público, aplicaba un sistema extremadamente benévolo a la hora de sancionar a estos infractores. El regulador sancionaba, como sugieren las recomendaciones europeas y manda la ley española, calculando la multa en base a la facturación de la empresa infractora, con un máximo del 10% para las infracciones muy graves, pero no les sancionaba sobre el total de facturación de la matriz sino solo sobre el área de negocio afectada.
Por concretar un poco, según ha probado la CNMC, determinadas empresas (FCC, Ferrovial, Sacyr y ACS, entre otras) pactaron durante al menos catorce años para repartirse concursos públicos de basuras, entre otras prácticas anticompetitivas. Si no les hubieran pillado, habría pagado el contribuyente y asunto terminado. Pero en el peor de los casos el castigo no ha sido otro que desprenderse del 10% de su facturación. Como las empresas concursaban a través de filiales o, mejor, a través de empresas creada a tal efecto que no facturaban más (o poco más) que lo percibido por ese contrato concreto, el riesgo era perfectamente asumible. Es más, dado el buen ambiente entre las empresas del sector, quizá a alguien se le ocurrió inflar los precios del servicio un 10% adicional, por si las moscas.
Pero eso es pasado, o casi. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo cuestiona este método y obligará a la CNMC a revisar las sanciones impuestas desde 2009. La CNMC no lo estaba haciendo del todo bien y cualquiera se hubiera dado cuenta de que algo fallaba en el sistema a la luz de lo descrito en el párrafo anterior. Pero se ve que ese tipo de dudas no surgieron en la CNMC, son ideas de gente desconfiada.
Las sanciones presentes, aun siendo tan inocuas, les duelen a determinados integrantes del Gobierno. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha manifestado su preocupación por el sector de los lácteos, multado con 88,2 millones de euros: "Espero que no tenga consecuencias para esta industria y que no sea perjudicial para los ganaderos", ha declarado en un desayuno informativo. Quizá Tejerina quería apuntarse el tanto con los ganaderos sin pasar el fatigoso trance de leer la nota de prensa de la CNMC, que señala a los ganaderos como víctimas de las prácticas de las empresas transformadoras, que pactaban los precios a los que comprarían la materia prima anulando su capacidad de negociación.
El descrédito
No obstante, y a lo que vamos, ¿qué más da que cambie ahora el criterio? ¿qué más da mejorar o empeorar cuando para algunos la pregunta es si queda alguien que juegue limpio? La cuestión de las basuras es significativa. Son cuatro enormes y simbólicas constructoras y catorce años de amaño.
"Descrédito de las instituciones" es ya una expresión demasiado manida para volver a desglosarla pero, mal que bien, las empresas habían salvado la cara y se escapaban por los pelos de esa retahíla de las miserias patrias que incluye a Urdangarin, Bárcenas, Vidal, Ojeda, Matas...
Las empresas eran "malvadas" pero solo un poco, solo por esa sana desconfianza que los ciudadanos deben tener hacia el poder de cualquier tipo. Sobre las grandes empresas puede pesar un prejuicio que las tome por insensibles o codiciosas, pero ¿cómo iban a traicionar al libre mercado? Con la acumulación de casos parece derrumbarse el último espejismo de coherencia ideológica que quedaba en España. Ni los que defendían la bondad del control estatal tienen mucho que argumentar a estas alturas del desastre, ni los que pedían libre mercado tienen ya forma de disimular su hipocresía.
Y aún se preguntan quienes gobiernan por qué todo lo nuevo parece ahora bueno y les come el electorado una banda de recién llegados, aunque vengan a destruir el libre mercado o a desmantelar el Estado protector.
FCC, por cierto, acaba de ganar de nuevo el concurso de recogida de basuras de Vitoria. 22.820.298,73 euros anuales durante ocho años. FCC concurría como parte de una UTE junto a la bilbaína GMSM.​
