Con una reiteración digna de mejor causa viene planteándose la necesidad que tiene el sector productivo español, especialmente el agroalimentario, de buscar en la exportación la pérdida de demanda interna como consecuencia de dos hechos: la situación de deterioro social y el creciente envejecimiento de la población.
También constatan la necesidad de conseguir empresas de mayor envergadura y capacidad tecnológica. Mientras buscan en la competitividad, vía abaratamiento de precios por medio de reducciones salariales, la piedra filosofal que resuelva los problemas. Lo que ocurre es que esa "solución" incide en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que, a su vez, son consumidores.
Esta rueda inacabable de competitividades a costa de la creciente depauperación de la sociedad (véanse los datos de Cáritas y demás organizaciones en contacto con la realidad cotidiana) no es solo la crónica de un fracaso, sino también el certificado de defunción de la justicia social y la Constitución de 1978. La lógica de la libertad comercial sin límites y sin garantías para la ciudadanía de cada Estado, hace desaparecer en cuanto a poder legítimo y efectivo a esos Estados.
Por otra parte, y en el caso de la formación social española, el establecimiento de una base empresarial de mayor calado técnico y mayor envergadura solo sería posible si se consiguen los créditos y la solvencia suficientes que en las actuales circunstancias solo un sector público de infraestructuras y crédito garantizados podrían, en unos años, conseguir esa meta. Pero ello también necesitaría de una política económica que basase su ejecutoria y horizonte en conseguir la soberanía alimentaria.
Ello no es posible sin hacer del desarrollo auto-centrado el eje de la opción gubernamental. Una opción insertable en la Constitución. Pero me temo que se prefiera la muerte lenta, tal y como se apaga el fuego del hogar cuando ya no queda leña.
Julio Anguita. Excoordinador general de IU.
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