Como primicia mundial, el ministro de Finanzas británico, George Osborne, ha anunciado la creación de un impuesto del 25% sobre los beneficios supuestamente desviados de las multinacionales que operan en el Reino Unido. Con esta medida, desde 2015, el Gobierno británico se dispone a luchar contra las grandes corporaciones que, al parecer, evaden impuestos mediante la transferencia de beneficios de un país a otro.
Un serio ataque a las prácticas empresariales de ciertas empresas como Google, Amazon o Starbucks que transfieren sus beneficios de un país de la Unión Europea a otro, como pueden ser Irlanda u Holanda, dadas las mejores consideraciones fiscales que allí operan. Las cuentas del ministro inglés le llevan a concluir que las arcas del Estado británico podrían tener unos ingresos adicionales de varios miles de millones de euros en los próximos años.
En principio, la medida parece tener sentido y puede ser el inicio de una nueva política que se extienda por otros países de la Unión. El razonamiento del ministro Osborne resulta a primera vista intachable: si Google, por ejemplo, obtiene un beneficio vendiendo publicidad en Inglaterra ¿por qué no ha de pagar todos los impuestos en este país? Lo que también se aplicaría a Amazon, con el añadido de que, además, esta empresa cuenta con un importante aparato logístico de distribución desde donde distribuye los productos que vende localmente a otros países europeos. Una medida muy a lo Podemos, que ya cuenta con similares ideas en su programa económico.
Lógica recaudatoria
Aún teniendo cierta lógica recaudatoria, jurídicamente, el caso no es tan sencillo; especialmente, porque en la Unión Europea existe libre circulación de bienes ya que se trata de un mercado único. De aquí, ¿por qué no puede una sociedad, sea de origen estadounidense o chino, establecida en la Unión Europea, tributar sus ganancias en el país de la Unión que le sea más favorable?
La llamada tasa Google se une así a otra iniciativa igualmente sorprendente, que tiene que ver con la propuesta dentro del Parlamento Europeo respecto de la posición dominante de algunas multinacionales americanas entre las que nuevamente se encuentra el gigante Google , sobre el que se ha sugerido la posibilidad de dividirlo en dos compañías a fin de incrementar la competencia en ese sector.
Un hecho que nuevamente choca con la propia legislación europea, que carece de medidas legales para llevarlo a cabo: no existe un mecanismo legal por el cual una sociedad en suelo europeo pueda ser obligada a dividirse de acuerdo a los dictámenes políticos del momento. Lo que, de llevarse a cabo, también afectaría a otras sociedades, ya no de origen americano o asiático, sino propiamente europeas. Hechos todos que, aparte de los fenómenos de deslocalización que traerían consigo, esconden una cierta coincidencia de pareceres, pues, por otro lado, y sin aparente conexión con lo anterior, el actual comisario europeo de la Sociedad y Economía Digital, Günther Oettinger, sugirió en su día la posibilidad de gravar a Google con un impuesto especial por permitir la publicación en sus páginas web de material protegido por derechos de propiedad. Lo que demuestra, al menos, poco conocimiento de qué es y cómo funciona el ciberespacio.
Cambios en la UE
Con todo esto, algo está cambiando en el seno de la Unión Europea ante los gigantes tecnológicos y no tecnológicos nacidos en suelos no europeos. Una situación que choca de frente con la existencia de ciertos paraísos fiscales en el propio seno de la Unión. Ahí está para demostrarlo el caso de Luxemburgo del que ha salido indemne el actual presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, que fue durante 18 años primer ministro de aquel país, al que se le ha acusado de oscuras negociaciones con grandes compañías como Pepsi-Cola, HSBC, Ikea o Amazon, que supuestamente habrían eludido el pago de millones de dólares en impuestos en Europa.
Una enorme lista de cientos de empresas sacadas a la luz por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que muestra una evidente contradicción en el funcionamiento de la propia Unión Europea, donde el caso de Luxemburgo es perfectamente legal, como también son permitidos otros paraísos fiscales como la isla de Man, la isla de Jersey, o Gibraltar, y también, de alguna manera, Suiza, Mónaco, Andorra o Malta. Todos ellos perjudicando con sus prácticas al resto de países a los que no se les permite o no poseen tales prerrogativas fiscales.
De nuevo una suerte de hipocresía fiscal que demuestra la incapacidad de los políticos europeos para sentar las bases de un entorno económico abierto que genere prosperidad y que facilite la creación de grandes empresas multinacionales capaces de competir en el mercado global con otras nacidas en lugares distintos.
Una voracidad fiscal que no es nueva. Baste recordar los impuestos especiales a las compañías de telecomunicaciones para sostener las ineficiencias de la televisión pública española, o las abusivas tarifas que se cobraron en su día en toda Europa por las licencias de telefonía móvil. Una demostración palpable del por qué no existen googles o amazons de origen europeo, ya que la regla parece ser que a la ineficacia política hay que taparla, en Europa, con impuestos.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España
Londres grava a las multinacionales
