A través de esta serie de textos hemos visto como el proceso de construcción europea fue adelgazando sus contenidos para quedar exclusivamente en una unión monetaria. Mención especial merece la política social cuya inconsistencia alcanzó su grado máximo en Maastricht. El artículo contempla amplios contenidos. Sin embargo en la realidad dichas políticas sociales deberán regirse por el principio de subsidiaridad, es decir, la Comunidad apoyará y complementará la acción de los Estados miembros. Pero hay unos asuntos en los que ni siquiera rige la subsidiaridad: salarios, derecho de sindicación, derecho de huelga y cierre patronal.
Ante este estado de cosas se produjo la enésima reacción del Parlamento Europeo. El 27 de enero de 1994, y tras una fuerte crítica a Maastricht, se presentó en la Cámara un proyecto de Constitución Europea para que fuera debatido en la Conferencia Intergubernamental (CIG) de 1996. Su contenido se basaba en el olvidado proyecto Spinelli y era una nueva redacción del documento de las Assises de Roma de 1990 y venía de la mano de Marcelino Oreja, presidente de la Comisión Institucional del Parlamento.
Sus líneas maestras eran, además de lo referenciado, el federalismo, la UE como constituida "por los Estados miembros y los ciudadanos de los mismos" y la centralidad de los DDHH. La coalición parlamentaria del PP y los socialistas europeos abortaron que prosperase el debate. La CIG de marzo 1996 tenía como materia de debate la prevista revisión del Tratado de Maastricht. Sin embargo, Bruselas advirtió que lo tocante a la política económica y sobre todo a la monetaria quedaba fuera de discusión; es decir prácticamente el 85% del Tratado. Simultáneamente se celebraba en Viena la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la OTAN, que ratificaba que la Defensa Europea era una cuestión de esa organización. La degradación siguió su curso.
Julio Anguita, excoordinador general de IU.
Entidades
La necesidad de converger hacia la UE
