El pasado 5 de julio se publicaba el Real Decreto Ley 8/2014 de medidas urgentes, para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Una verdadera ley ómnibus con reformas, de mayor o menor calado, sobre temas tan diversos como el comercio minorista o la regulación de los drones y, que en su título VI, establece el sistema de implantación de Garantía Juvenil en España, una medida, anunciada y esperada desde hace meses, para responder a ese intolerable 55% de tasa de paro juvenil.
Garantía Juvenil no es en sí misma una nueva actuación, no es una receta milagro frente al desempleo de los jóvenes, es simplemente una nueva manera de enfocar el problema, una estrategia puesta en marcha en Austria, Holanda y algunos países nórdicos ya en los años ochenta.
Se trata de garantizar que todos los jóvenes en desempleo reciban en el plazo de 4 meses, una oferta concreta de empleo, unas prácticas, una plaza de formación, de educación o apoyo a un proyecto de emprendimiento. El objetivo es salir de ese terrible círculo vicioso, que arroja a miles de jóvenes sin empleo, sin formación, sin futuro a la desesperanza. Ofrecer una oportunidad efectiva a toda una generación "ni ni", que son el 13% de los menores de 25 años en la Unión Europea y el 15,6% en España.
El Real Decreto crea un registro nacional del sistema, en el que ya pueden inscribirse los jóvenes que deseen participar en Garantía Juvenil. De alguna forma ya se ha puesto en marcha el cronómetro, lo malo es que ha pasado más de un año desde que el Consejo Europeo recomendó su implantación en abril de 2013. Europa se mueve tan despacio que puede hacer descarrilar todo el proyecto de integración, no por exceso de velocidad sino por todo lo contrario. Las elecciones europeas del 25 de mayo pusieron de manifiesto, hasta qué punto una buena parte del electorado, en los países del norte y en los del sur, se distancia del proyecto europeo; han hecho evidente cómo millones de jóvenes se alejan de unas instituciones de las que no esperan respuestas.
Europa debe acelerar y debe poner encima de la mesa muchos más recursos; no puede ser que, en el escenario del tratado de estabilidad que limita el gasto del los países, los 6.000 millones anunciados sólo lleguen después de que los estados miembros los hayan anticipado.
Suecia ya se ha plantado y ha bloqueado el desarrollo de Garantía Juvenil, porque sin anticipos de Bruselas es incompatible con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Europa debe activar la aprobación de los Programas Operativos de Garantía Juvenil de los países, porque hasta ahora sólo ha aprobado el de Francia.
A su vez en España el Gobierno y las comunidades autónomas tienen también que hacer sus deberes, y hacerlos pronto, porque sólo así será posible que antes de que acabe este año los jóvenes que se están inscribiendo ahora en este registro nacional puedan en efecto recibir una oferta de empleo, prácticas, formación o educación antes de que pases cuatro meses.
Francisco Rueda Sagaseta, director de formación para el empleo de Élogos.
En España hay 700.000 ni-nis
